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Editorial:

Territorios imposibles

LA SITUACIÓN en los territorios ocupados por Israel resulta cada vez más insoportable para la conciencia mundial. Acaba de empezar el año 1991 y ya hay que empezar la trágica cuenta de los muertos causados por las Fuerzas Armadas de Israel disparando con balas contra la población civil palestina. En la gran mayoría de los casos, contra jóvenes y hasta niños que lanzan piedras para afirmar contra viento y marea su voluntad de, y su derecho al tener su propio Estado.Ese contraste entre balas y piedras pone de relieve dos hechos fundamentales del momento presente: la crueldad de la represión israelí, que emplea de manera indiscriminada armas de fuego contra personas desarmadas, y el espíritu indomable de una población -en gran parte jóvenes nacidos bajo la ocupación militar- que no renuncia a manifestar, a despecho de los disparos, su deseo de recuperar una patria.

En esta situación es positivo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por cuarta vez desde el pasado verano, haya aprobado por unanimidad una declaración en la que se condena la actuación de las Fuerzas Armadas israelíes contra la población civil. Que EE UU haya aprobado ese texto -el cual reitera que Jerusalén forma parte de los territorios ocupados- representa un hecho político significativo y debería hacer comprender al Gobierno de Shamir que al prolongar el empleo de métodos brutales acentúa su aislamiento internacional.

Al mismo tiempo, conviene destacar el viaje del presidente de la Asamblea de la ONU, Guido de Marco, a Gaza y a Cisjordania, que coincidió con nuevas jornadas de enfrentamientos y de muertes. La experiencia de esta toma de contacto directo por parte de una alta personalidad internacional con la situación insostenible de los territorios ocupados debe ser una ayuda para la acción ulterior de las Naciones Unidas en el tema palestino.

En cierto modo, esta visita representa un primer paso hacia esa mayor vigilancia de las Naciones Unidas sobre lo que ocurre en dichos territorios, que figuraba como uno de los puntos de una resolución reciente del Consejo de Seguridad. A pesar de que el Gobierno de Shamir -persistiendo en una actitud de desprecio a la organización internacional- se negó a recibir oficialmente a De Marco, la visita ha tenido lugar. Es un hecho en sí mismo significativo: pone de relieve que la ONU tiene el derecho -y la obligación- de vigilar lo que ocurre en los territorios de Gaza y Cisjordania.

Es importantísimo que se manifieste de manera cada vez más inequívoca, tanto en el plano internacional como ante la propia sociedad israelí, que los territorios ocupados desde 1967 no pertenecen a Israel y que su futuro es un problema que debe ser resuelto en el plano internacional. Mientras el Gobierno de Shamir reacciona de manera airada cada vez que la ONU condena su conducta represiva, ciertos signos indican que en la sociedad israelí aparecen actitudes más realistas, que tienen en cuenta la imposibilidad de seguir con los métodos represivos aplicados hasta ahora.

En el caso concreto de Gaza, donde la violencia alcanza niveles incluso superiores a los de otras zonas, una parte de la oposición de izquierda de Israel -incluido el jefe del grupo parlamentario laborista, Haim Ramon, y varios diputados de este partido- ha pedido la retirada rápida y unilateral de las tropas israelíes de ese territorio, dejando su administración en manos de la ONU. La iniciativa se basa en el argumento de que la ocupación causa a los intereses de Israel un daño superior a cualquier eventual ventaja. Voces de este género son hoy minoritarias. Pero los hechos mismos obligan a la sociedad israelí a considerar soluciones de futuro que no sean la prolongación de un sistema de ocupación que sólo se mantiene con una violencia insoportable.

De ahí la importancia decisiva de que la ONU pase de declaraciones condenatorias -con escasísima efectividad sobre el terreno- a materializar la propuesta de una conferencia internacional sobre Oriente Próximo. En el marco de tal conferencia, Israel estaría obligado a discutir y a negociar las soluciones posibles, de acuerdo con el derecho internacional, para el futuro de los territorios ocupados. La política ciega de Shamir constituye hoy uno de los factores que exigen considerar en términos de urgencia el tema de la conferencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de enero de 1991