El Gobierno clasificará las facultades en función de la calidad de los profesores

LUIS PRADOS El Ministerio de Educación elabora una clasificación de las facultades españolas en función de la calidad científica de su profesorado tras haber evaluado la obra investigadora de los más de 13.000 docentes que solicitaron voluntariamente someterse a dicho control. Esta lista, que no estará terminada hasta la primavera, será el segundo paso, según Juan Rojo, secretario de Estado de Universidades, de la "introducción del criterio de competencia en la Universidad española". Un principio que, aplaudido por la mayoría de los profesores, no ha impedido, como en el caso de la evaluación, el malestar de parte de este colectivo que exige mayor transparencia de los haremos y personas encargadas de aplicarlos.

Juan Rojo afirma que, por los resultados obtenidos, existen unas pocas universidades destacadas mientras que la mayoría es muy uniforme" , y únicamente cita como "excelentes" los datos disponibles de la Universidad de Alicante.El proceso, iniciado con la evaluación de los profesores, que consiste en examinar por periodos de seis años (tramos) su actividad investigadora y recompensarla con un complemento salarial de unas 150.000 pesetas anuales por término medio cada tramo, busca, según Rojo, dotar de sentido al "distrito universitario compartido" -nombre definitivo para lo que en principio se iba a llamar "único" y después "común", que entrará en vigor el proximo año-, y "preparar a la universidad pública frente a la competencia de las futuras universidades privadas".

Pero nada más iniciada la senda de la competencia, partidos políticos, sindicatos, rectores y profesores han hablado de irregularidades en la aplicación de los criterios de evaluación.

Criterios discutidos

José Álvarez Junco, catedrático de Historia del, Pensamiento y autor de El emperador del paralelo. Lerroux y la demagogia populista, ha sido presidente del comité evaluador de Ciencias Sociales, Políticas y de la Educación y niega rotundamente tales acusaciones: "Los criterios seguidos han sido muy generosos. De los 1.400 expedientes estudiados en mi especialidad han sido valorados positivamente más del 60%, cuando ese porcentaje tendría que haber sido mucho más bajo dada la calidad de la producción española en Ciencias Sociales".

Para Álvarez Junco, "España es un país sin criterio de competitividad, donde es necesario que se establezcan distinciones para no desanimar a los buenos profesionales". Su expediente fue estudiado por la Comisión Nacional de Evaluación, integrada por 15 miembros del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas. Obtuvo tres tramos, es decir, desde que publicó su primer libro en 1971, "menos de los concedidos a otros de mi área, y que suponen 12.000 pesetas mensuales más de sueldo por tramo".

Una opinión muy distinta es la de Fernando Sáenz Vacas, catedrático de Telemática en la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid y el primer catedrático de ordenadores -en 1974 aprobó la oposición- que hubo en España: "Me ha ido muy mal. De tres tramos que solicité me han concedido sólo uno y no sé por qué. Es un disparate y un misterio total; ni conozco a los que me han evaluado ni los criterios aplicados. No obstante, estoy a favor de la evaluación porque no todos somos iguales, pero no del método. Establecer un baremo nacional, como si fuera a través del Boletín Oficial del Estado, es un desastre y son muchos los compañeros molestos por la evaluación".

También considera "arbitrarios" los criterios de evaluación Guillermo Gortázar, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), autor de Alfonso XIII, hombre de negocios y vinculado actualmente al Partido Popular. "Me consta que colegas muy notables han recibido menos de lo que merecían", dice, si bien se declara firme partidario de "discernir entre los que investigan y los que vegetan en la universidad".

El caso de Derecho

Los únicos datos que aún no se han hecho públicos son los correspondientes al área de Derecho. Para Juan Rojo, esto se debe a que "la Comisión Nacional de Evaluación no estaba satisfecha con que la valoración en este campo se hubiera realizado con la suficiente homogeneidad de criterios".

A Victoria Camps, catedrática de Ética en la Universidad Autónoma de Barcelona, le han concedido dos tramos. Es miembro del comité evaluador y explica que, contra lo que pudiera pensarse en un país de abogados como España, "sólo unos 800 solicitaron la evaluación" y que el criterio fue "benévolo, con tendencia a primar a los más jóvenes".

Para Jesús Flórez, catedrático de Farmacología de Cantabria, al que le han concedido cuatro tramos, "lo que de verdad discrimina es el café para todos. Mi temor", dice, "no es a los errores, que siempre los hay, sino a que den marcha atrás con la evaluación".