El Ejecutivo, dispuesto a bajar el valor catastral al 55% del precio de mercado y de forma gradual

La valoración catastral, aplazada por el Gobierno para el próximo año, supondrá que las viviendas se acercarán al precio de mercado en un porcentaje inferior al 70% y que podría ser del 55% o el 60%. Incluso esta revisión, en la que se pretenden corregir los errores de la última efectuada, podría ser gradual, "pero no en muchos años". El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, dejó ayer así la puerta abierta para un acuerdo político en el que, según dijo, el Gobierno está dispuesto a rehacer el catastro sin renunciar a "conocer la riqueza inmobiliaria de nuestro país".

Solchaga realizó estas declaraciones durante un tenso debate en el Congreso provocado por dos interpelaciones urgentes, del Partido Popular y de Convergència y Unió. El diputado del PP anunció que en el pleno del próximo martes pedirá la dimisión del ministro "por el fracaso en la revisión catastral". Solchaga le respondió que no le preocupaba y, le dio ¡in consejo: "Aseguresé de que Cuando presente esta iniciativa tiene usted el respaldo de su grupo y que sus escaños no están tan vacíos como hoy [por ayer]".El ministro, por el contrarío, fue receptivo a las iniciativas presentadas por el diputado de CIU, Josep María Cullell. El representante de CIU planteó la conveniencia de que la revisión catastral entrara en vigor en siete u ocho años. Solchaga consideró que este plazo es excesivo porque "al final del proceso estaríamos como al principio" debido a la evolución de los precios.

Dejó, sin embargo, la puerta abierta para una revisión gradual aunque rápida del catastro y para ralentizar además los impuestos que se ven afectados; también, para subsanar los errores de información y para modificar los criterios técnicos. El ministro se acusó "sin rubor" de "no haber hecho todo lo posible para que la recepción de la reforma entre los ciudadanos hubiera sido más neutral y menos alarmista".

El diputado del PP, García Margallo, antes de oír la oferta de consenso lanzada por Solchaga a la Cámara, afirmó estar "completamente seguro" de que "el Gobierno pretende volver a la carga dentro de unos meses con los mismos valores catastrales que se acaban de anular".

García Margallo siguió a la carga al señalar que "en toda la revisión catastral ha existido una improvisación más que notable", lo que "ha provocado una dilapidación del dinero público como nunca se ha visto".

Cullell partió de la base de que su grupo acepta la necesidad de revisar el catastro. Además de proponer una implantación gradual, Cullell planteó que el criterio a utilizar sea el de rentabilidad y no el de mercado.

El debate se centró también en la falta de ayudas a la compra de viviendas, según la acusación de Margallo. Solchaga rechazó esta idea y afirmó que la vivienda goza en España de un tratamiento fiscal muy favorable. "Si existe alguna preocupación versaría sobre si.el sistema fiscal en España no ha perdido parte de la neutralidad al favorecer la compra de viviendas frente a otros bienes".

Las competencias de las corporaciones locales en la reforma del catastro fue otro punto álgido del debate. Para el ministro, "las competencias están claras", aunque "es difícil encontrar entre los ayuntamientos la responsabilidad fiscal necesaria". Hay, según Solchaga, una tendencia general por parte de los ayuntamientos a reducir los impuestos municipales al tiempo que se recaba una mayor participación en los ingresos del Estado, es decir, de los tributos que pagan todos los ciudadanos.