Calvario burocrático

EN UN intento de encauzar la avalancha de solicitudes del nuevo documento nacional de identidad (DNI) que colapsan las comisarías, el Ministerio del Interior ha encargado a una firma privada la gestión del proceso de cita previa para la obtención del citado documento. La iniciativa ha sido criticada desde algunos sectores policiales y judiciales, que la consideran una dejación de funciones por parte del Estado, además de incrementar los riesgos de uso indebido de datos íntimos y reservados referentes a los ciudadanos.Las explicaciones de la Administración sobre el alcance de la medida han sido ambiguas. En un primer momento ha pretendido hacer creer que el ciudadano sólo estaba obligado a facilitar su nombre y que no se le exigía dato alguno que pudiera ser considerado como perteneciente a su esfera íntima. Pero luego ha reconocido que el sistema de cita previa implica también la aportación de datos que, como el número del DNI o del teléfono y el domicilio, tienen en principio el carácter de reservados. El Defensor del Pueblo ha anunciado una investigación sobre el alcance de la iniciativa, y en particular sobre su eventual incidencia en el derecho a la privacidad del ciudadano.

Aunque pueda atribuírsele las mejores intenciones, una decisión que facilita el trasiego de datos personales sin el previo establecimiento de las imprescindibles garantías sobre su protección parece, por lo pronto, imprudente y arriesgada. Esta misma consideración vale para el caso del número de identificación fiscal (NIF) y para la práctica cada vez más extendida de la utilización mercantil de datos personales obtenidos en los circuitos de la Administración pública. Lo que está ocurriendo con las sentencias judiciales es un ejemplo preocupante. Las resoluciones de los tribunales son y deben ser públicas, pero sus datos deberían ser protegidos de usos distintos a los del proceso, que además pueden resultar dañosos para los afectados por la ausencia de actualización.

La decisión de poner en manos privadas algunos de los trámites para la obtención del DNI conlleva un doble riesgo. De una parte, incrementa los peligros de desprotección que ya pesan sobre el ingente material que acumulan los ordenadores de la Administración respecto de los ciudadanos. De otra, es todo un diagnóstico sobre la incapacidad del aparato estatal en el desempeño de sus funciones más esenciales. Significa, ni más ni menos, privatizar funciones que tienen una clara y manifiesta dimensión pública, y que si en alguno de sus aspectos son cuestionables, más lo son si encima son objeto de actividad lucrativa.

La obligación impuesta a los ciudadanos de estar siempre identificados ante el Estado, ni se hace menos gravosa con el tiempo, ni se aligera con la ayuda de la informática. Lo que debería ser un sencillo trámite en tiempo y papeleo ha ido adquiriendo dimensiones de calvario. En aras de la transparencia que el Estado impone al ciudadano -la del Estado frente al ciudadano es otro cantar- no sólo se obliga a éste a procurarse el correspondiente título acreditativo de su personalidad, sino que -como en la época autoritaria- se le mantiene en la zozobra de tenerle al día a lo largo de su existencia para que ningún cambio escape a su control. Ahora la extensión del reino de las contratas a zonas del Estado encargadas de la seguridad pública puede ser un motivo más de desazón para el ciudadano. Cualquier actuación irregular o corrupta en este ámbito podría ocasionarle daños irreparables.