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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un peaje repentino

EL ACTUAL ministro de Obras Públicas anunció un gran impulso a la política de autovías del Estado. Era un vuelco, tardío, a la tradición de ceder al sector privado la iniciativa a través de las autopistas de peaje. La magnitud de los costes financieros del empeño ha provocado un nuevo giro del MOPU: vuelven las autopistas de peaje.Al margen de si esta política es conveniente o simplemente irremediable, el problema se plantea cuando el nuevo criterio imperante se aplica con efectos retroactivos. En el Maresme, el MOPU expropió un vergel agrícola para construir una autovía, absolutamente necesaria por otra parte. En el regateo con los afectados, el ministerio alegó el fin público de las expropiaciones y con tal argumento atemperó una auténtica sublevación campesina. Ahora resulta que los terrenos expropiados se utilizarán para una autopista de peaje. Para aliviar la tensión, el MOPU ha negociado con la concesionarla un peaje blando -incluso con accesos gratuitos en algunas poblacionesa cambio de prorrogar 11 años su concesión sobre el resto de autopistas catalanas.

La necesidad de esta vía en el Maresme es indiscutible, como también lo es la sensación de engaño de los ciudadanos. Deberán pagar por un servicio y no p or un lujo, ya que la alternativa de la carretera nacional costera es insuficiente. A ello se añade que el usuario de otras autopistas catalanas ha visto prorrogado -el pago de su uso en 11 años.

La Generalitat ha añadido a estos agravios el político. El Gobierno de CiU, que propicia otras iniciativas de peaje privado, considera que la ampliación de la concesión retiene en manos del Estado durante esos 11 años una competencia que estaría en su órbita en el momento de la reversión de tales autopistas al sector público. Con ser importante la polémica competencial, el problema político está en el endeble argumento del Ministerio de Obras Públicas de que ha hecho sustanciosas inversiones olímpicas en Cataluña, y este exceso debe compensarse. Una política de infraestructuras, y ya no sólo en Cataluña, ni debe estar sometida a tantas improvisaciones ni debe diseñarse de forma unilateral.

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