Masa y otros ocho guardias civiles, condenados por torturas a penas que implican la expulsión del cuerpo

La Audiencia de Bilbao condenó ayer al teniente coronel Rafael Masa y a otros ocho miembros de la Guardia Civil a penas que oscilan entre seis años y un día de prisión y seis años y un día de inhabilitación por torturas a Tomás Linaza y otros delitos conexos. En todos los casos, la sentencia implica, cuando adquiera firmeza, la expulsión del cuerpo. El tribunal ha dado un giro radical al tratamiento de la tortura y ha condenado por prevaricación a siete miembros del instituto armado, culpables por haber incumplido su obligación de perseguir a los autores directos de los malos tratos al detenido.

La sentencia de la sección segunda de la audiencia agrava en un día la pena de inhabilitación especial solicitada para los delitos de prevaricación por la acusación particular, representada por el abogado Txema Montero. Este aumento de sólo 24 horas es trascendental porque conlleva, de acuerdo con la ley de la Función Pública, la expulsión automática de la Guardia Civil. En términos prácticos, equivale a imponer desde el tribunal el criterio de que cualquier miembro de un cuerpo policial conocedor de malos tratos o torturas que no actúe para detener al autor o denunciarlo a la autoridad jerárquica o judicial no puede continuar como funcionario.Las penas impuestas son de siete meses de arresto mayor, un año de suspensión, seis años y un día de inhabilitación y multa de 100.000 pesetas para el sargento Alfredo Serrano y el guardia Lucio de Sosa, por dos delitos de torturas en cada caso. El comandante José Martín Llevot, el hoy teniente coronel Rafael Masa, el sargento Angel Fuentes Romero, los cabos primeros Julio Pérez Montesinos y Santiago López Rico y los guardias Diego Cerón y Miguel Caballero son condenados por prevaricación a seis años y un día de inhabilitación.

Falsedad de documento

Martín Llevot recibe además penas de seis años y un día de prisión y seis años y un día de inhabilitación por sendos delitos de falsedad en documento oficial y desobediencia y denegación de auxilio a la Justicia. Masa podría haber incurrido también en este último delito, según la sentencia, pero el tribunal no ha entrado a considerar su presunta responsabilidad al no haberse producido la acusación. Otros tres guardias son absueltos.

El tribunal, presidido por Javier Oraá e integrado por Javier Rodríguez Galarza y José María Lindón, que actuó como ponente, se refiere en la sentencia, de 40 folios, a la instrucción "compleja, prolija, larga y difícil" del caso, que se inició hace más de nueve años. Las razones, según los jueces, hay que buscarlas en los sucesivos cambios de competencia y de órgano instructor del sumario, trasladado de los juzgados civiles a los militares y de nuevo a los primeros.

Innumerables dificultades

Los jueces denuncian también "las innumerables dificultades" para conseguir datos fundamentales, la continua aparición y desaparición de nombres en los listados suministrados al juzgado por la Guardia Civil y la denegación de información. Extienden su crítica a "la ceremonia de confusión que ha pretendido orquestarse en torno a estos hechos", al tratar de presentar la comandancia del instituto armado de Bilbao en los días de autos "como una Casa de la Troya rediviva".

Según esta versión, presentada en su defensa por los acusados, nadie sabía quien daba las órdenes, quien las recibía ni quien era su inmediato superior o subordinado. La sentencia afirma, por el contrario, que el funcionamiento de la comandancia de La Guardia Civil de La Salve "fue el normal que corresponde a un cuerpo disciplinado".

Los hechos se remontan al 14 de mayo de 1981. Tomás Linaza, de 66 años en la actualidad, padre de un activista exiliado de la organización terrorista ETA, fue detenido en la localidad vizcaína de Lemoa tras el asesinato de dos guardia civiles. Linaza fue golpeado durante los interrogatorios con puñetazos, patadas y con una porra de goma. Al día siguiente después del funeral de los guardias asesinados, tres compañeros uniformados, a los que no se ha logrado identificar, le propinaron en el calabozo una brutal paliza.

Las torturas continuaron en Madrid. El tribunal considera a Serrano y De Sosa, ya condenado por un caso anterior de tortura, autores directos de los malos tratos.

Además, considera probado que los restantes condenados tuvieron conocimiento de la situación del detenido, unos por razón de su responsabilidad en el mando y otros porque necesariamente vieron a Linaza cuando está probado que ya presentaba rastros visibles de heridas.

Las penas más graves corresponden al comandante Martín Llevot, segundo jefe de la comandancia. Llevot impidió el paso a los calabozos a un forense enviado por el juzgado de guardia para examinar a los detenidos, con el argumento de que ya habían sido trasladados a Madrid.