Problemas jurídicos para las elecciones autonómicas si se celebran en mayo

Las elecciones autonómicas de la próxima primavera encontrarán previsiblemente problemas jurídicos si se celebran el 26 de mayo como está acordado entre varios partidos. Así lo han comentado personas relacionadas con la normativa electoral y de los Parlamentos autónomos. El motivo es que, para respetar los plazos y que los comicios puedan celebrarse en esa fecha, es necesario disolver los Parlamentos en marzo. Esto recorta en tres meses el mandato estatutario de cuatro años establecido para los diputados cuando fueron elegidos. Si alguno de ellos -por ejemplo, los de pequeños partidos- presenta un recurso de amparo por habérsele escamoteado 90 días, tendrá posibilidades de poner en riesgo todo el proceso.

Los principales grupos parlamentarios alcanzaron hace dos meses un acuerdo para adelantar las elecciones autonómicas al mes de mayo, pues, de cumplirse estrictamente los plazos desde que tomaron posesión los diputados, correspondería celebrarlas en julio, con media España de vacaciones. Y dentro de cuatro años correspondería agosto.La convocatoria de elecciones precisa un margen de 60 días entre la disolución de las asambleas autonómicas y el día de las votaciones (para cumplir así también, entre otros, los plazos de presentación de listas y coaliciones, proclamación de candidatos y campaña electoral). Por tanto, sería necesario disolver los Parlamentos a finales de marzo.

Los estatutos y leyes electorales de la mayoría de las 13 comunidades que celebran elecciones el próximo año impiden ahora -y, por tanto, también en el momento de la elección- la convocatoria anticipada de elecciones. Por ello, sus diputados tenían garantizado estatutariamente, al ser elegidos, un mandato de cuatro años.

Si se disuelven los Parlamentos en marzo, habrán cumplido cuatro años menos tres meses. Ello daría pie a los diputados que lo deseasen a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Los firmantes del acuerdo han previsto, para resolver esta cuestión, promover reformas de los estatutos -algunas ya en camino- que posibiliten la convocatoria de mayo. Pero esto, en opinión de las fuentes consultadas, corre el riesgo de ser recurrido por tener efectos retroactivos sobre los derechos adquiridos en su día al obtener la condición de parlamentario. Tal interpretación es discutible desde el punto de vista jurídico, pero ante ella caben tanto, en principio, la desestimación como la aceptación del recurso.

Es improbable que esta eventual iniciativa surja de los diputados miembros de los partidos firmantes del acuerdo; pero no se puede descartar que lo hagan los de otras formaciones.

Andrés Esteban, del grupo parlamentario del Par (Partido Aragonés; antes, Partido Aragonés Regionalista), que gobierna en Aragón, declaró ayer a este periódico que esa organización ya ha estudiado el problema: "Sabemos que podemos presentar un recurso al Constitucional, porque se vulnerarían nuestros derechos adquiridos, pero aun no hemos tomado una decisión al respecto. Supongo que esa decisión correspondería al partido. De todas formas, ese recurso, al ser de amparo, lo puede presentar cualquier parlamentario de cualquier partido, individualmente". Este portavoz expresó asimismo su disgusto por el hecho de que los firmantes del acuerdo no hayan tenido Ia delicadeza" de consultar al PAR.

Alargar el mandato

Ante esa eventualidad del recurso, una vía barajada en la Administración consiste en alargar el mandato de los diputados incluso tras el decreto de convocatoria. Pero ello plantearía a su vez, según juristas consultados, otro problema constitucional: se quebraría el principio de igualdad: unos candidatos continuarían disponiendo de las ventajas del escaño (entre ellas, la inmunidad, y la percepción de dinero público) mientras que otros -los que no tienen escaño- se presentarían en inferioridad. El mantenimiento de este principio de igualdad es precisamente la razón de que al convocarse elecciones quede disuelto un Parlamento.

Otra solución consistiría en defender que los cuatro años de mandato cuentan desde el día de las elecciones y no desde la toma de posesión, lo que reduce los días supuestamente robados. Este hecho también entrañaría riesgos, pues cabe igualmente el recurso con posibilidades de éxito.

Fuentes de la Administración señalaron que ven altamente improbable que prosperen los recursos basados bien en la irretroactividad o en que se quiebre el principio de igualdad.