200 parlamentarios se beneficiarán del complemento de director general si vuelven a la Administración

La decisión de la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados de conceder el complemento de destino propio de un director general a los funcionarios que tras ocupar altos cargos o haber ejercido como senadores o diputados desde 1977 regresen a la Administración afectará a más de 200 parlamentarios de los 600 que componen actualmente las Cortes, aunque la cuantía monetaria será muy desigual.

Así, mientras que si Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida, decidiese regresar a su empleo de profesor de EGB percibiría unas 90.000 pesetas más al mes, José Borrell, secretario de Estado de Hacienda, percibiría unas 43.000 pesetas más en caso de que regresara a su plaza de catedrático de universidad.El acuerdo tomado por la Comisión de Presupuestos supone que los funcionarios que después de dedicarse a la política democrática hayan regresado o regresen a la Administración, cobrarán la diferencia entre el complemento de destino propio de su "nivel" y el que cada año se asigne para los directores generales. Ahora, un profesor titular de universidad, como por ejemplo la diputada del PP Isabel Tocino, tienen asignado un complemento de destino de 1.130.484 pesetas en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, mientras que un director general percibirá por ese concepto 1.760.388 pesetas. Si la diputada cántabra abandonase la política en 1991 cobraría unas 630.000 pesetas más al año, divididas en 12 pagas, antes de descontar el IRPF.

En el caso de los profesores agregados de instituto, caso de la diputada socialista por Cádiz y esposa del presidente del Gobierno, Carmen Romero, el incremento del complemento de destino se situaría en unas 77.000 pesetas al mes, aunque en su caso todavía no tiene derecho a ello porque sólo hace un año que es diputada. Para adquirir la gratificación acordada por el Congreso es preciso que el funcionario haya ejercido un alto cargo o las tareas parlamentarlas durante dos años seguidos o tres con interrupción. Entre los más de 200 funcionarios que son diputados o senadores en la actual legislatura, la mayoría son docentes, de ellos unos 40 profesores titulares de universidad y 30 catedráticos universitarios o de bachillerato. La decisión política tomada por la ponencia, primero, y la comisión parlamentaria de Presupuestos, después, ha suscitado ya algunas críticas de altos cargos de la Administración que consideran preferible una elevación directa de los sueldos de funcionario, e incluso por diputados que ejercen profesiones liberales y que al regresar previsiblemente a empresas privadas no podrán beneficiarse del acuerdo como sus compañeros funcionarios.

La iniciativa de incluir a quienes han sido diputados o senadores entre los beneficiarios de esta medida fue tomada por Luis Mardones, diputado de las Agrupaciones Independientes de Canarias, con el pleno respaldo del PSOE. Mardones, que es funcionario y en este momento está asignado al nivel 20, explicó ayer que su propuesta está dirigida a compensar "la penalización que supone, desde la ley de la reforma de la función pública promovida por Javier Moscoso y aprobada en 1984, la participación en la política democrática de los funcionarios de carrera. Esa ley permite, por ejemplo", relató, "que los funcionarios en activo y en servicios especiales, que es como se denomina la situación de quienes somos parlamentarios, podamos cobrar trienios y se nos acumulen años de antigüedad pero en cambio queda congelado nuestro nivel. En términos militares, eso significa que si éramos tenientes cuando entramos en la política democrática, cuando la abandonemos volveremos a ser tenientes."