Agricultura admite que la mayoría de los centros de experimentación animal carecen de autorización

Trece meses después de cumplirse el plazo legal para que las facultades, hospitales y laboratorios que utilizan animales con fines de investigación se inscribiesen en un registro oficial, "el Ministerio de Agricultura sólo tiene constancia de tres centros que lo hayan hecho y de que únicamente dos autonomías han legislado sobre esta materia", dice Sonsoles Sánchez Trujillo, de la subdirección general de Sanidad Animal, quien asegura que "la mayoría de los centros funciona sin autorización alguna".La entrada en vigor en enero de 1991 del convenio europeo sobre condiciones y fines concretos de los experimentos con animales obligará a instituciones y empresas a legalizar su situación para que sus tesis doctorales o nuevos fármacos tengan validez.

Sánchez Trujillo señala que España recibe fuertes presiones de la CE por la situación de la experimentación animal en nuestro país. "Actualmente no existen estadísticas sobre consumo de animales, número de experimentos, inspectores cualificados que visiten los centros de investigación, lista de establecimientos suministradores de animales ni reglamento de sanciones por malas prácticas", dice.

El Ministerio de Agricultura, que, según el decreto de marzo de 1988, regula esta práctica y ostenta competencia sobre centros de experimentación animal estatales, tiene registrados actualmente al Instituto de Toxicología de Madrid, la Facultad de Medicina de Murcia y los laboratorios Cooper-Zeltia de Pontevedra, y ha recibido hasta ahora sólo cinco solicitudes de registro.

Sólo cinco solicitudes

Asimismo, aunque la citada ley obliga a las comunidades autónomas, con competencias sobre los establecimientos privados, a informar cada trimestre de sus experimentos al ministerio, éste sólo tiene noticia de que Madrid Y Aragón hayan regulado estas actividades.Eduardo Goñalons, presidente de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio (SECAL), añade a esta lista las comunidades autónomas de Baleares y Cataluña, si bien afirma que la legislación de esta última es todavía "insuficiente".