Técnicos de la Administración admiten que en España hay miles de vertederos incontrolados

"La gestión de los residuos tóxicos es un problema tan acuciante que, si no se construye una planta para incinerar esos desechos, el territorio español se va a poblar de puntos negros contaminados". Técnicos de la Administración y de la empresa privada encargados de la gestión de los residuos tóxicos admitieron, en una reunión organizada por el Instituto de Formación y Desarrollo, que en el territorio nacional puede haber hasta 100.000 vertederos incontrolados. Encuadrado en el Plan de Residuos Industriales de 1989, se va a hacer un inventario de suelos contaminados en España.

El citado inventarlo ha salido a concurso público en estos días y se espera completarlo en 1991. La Administración va a invertir en él 350 millones de pesetas. Una vez concluido el estudio, y en función de los riesgos para la población, se procederá a aislar los terrenos más contaminados o se tratará de descontaminarlos, "sobre todo si están junto a edificios o colegios dice José Hernández Nieto, jefe del servicio de gestión de residuos de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas (MOPU).Este técnico cree que la cantidad de puntos negros existentes en España es desorbitada "aunque aún no hemos llegado a los niveles de EE UU y de otros países de Europa, donde un gran porcentaje de los suelos urbanizados se hallan fuertemente contaminados". Juan Mazarrasa, presidente de la Empresa Nacional de Gestión de Residuos Industriales (Engrisa), afirma: "Estamos enterrando millones de toneladas de residuos tóxicos sin saber lo que estamos dejando ahí a las próximas generaciones".

Ineficacia

Mazarrasa manifiesta que la Administración medioambiental española es "raquítica e ineficaz", porque en gran parte estas competencias están transferidas a las autonomías y Ias autoridades no presionan para resolver estos problemas, porque tienen otras prioridades. Hay que dimensionar las administraciones medioambientales y esforzarse en invertir en instalaciones de tratamiento e incineración. Pero el mayor problema es que a nivel político existe una gran inmadurez a la hora de tomar decisiones para ubicar estas instalaciones".Jesús García, asesor legal de la Secretaría General de Medio Ambiente del MOPU, no duda en afirmar que "no hay más Administración medioambiental porque el pueblo no la reclama. El pueblo tiene la Administración que se merece". García piensa que la aplicación eficaz del reglamento de residuos es casi una utopía. "La política de sanciones a las empresas que contaminan, por ejemplo, no es factible, porque todos los expedientes sancionadores se recurren sistemáticamente o quedan aparcados en los tribunales de justicia". Los técnicos coinciden en que la actual reglamentación sobre residuos industriales tiene deficiencias importantes de tipo técnico que deberían modificarse.

"Tenemos 1.800.000 toneladas de desechos peligrosos cada año y una capacidad cero de gestión, y además importamos residuos. Es urgente instalar una planta de incineración de desechos. No podemos seguir esperando, por miedo, a una contestación social, que además es totalmente injustificada. La incineración en España de residuos industriales y sólidos urbanos nos ahorraría una planta nuclear de 1.000 megavatios y el 2% de la factura del petróleo", dice Mazarrasa.

Educar a la población

Carlos Piedra, director del laboratorio ACT, dedicado a la caracterización de residuos tóxicos, considera, al igual que los técnicos mencionados, que es esencial informar y educar a la población sobre estos problemas. Piedra insiste en que el actual reglamento legal sobre residuos tóxicos contiene importantes deficiencias técnicas, sobre todo en el apartado de la caracterización de los mismos."Las autoridades autonómicas desconocen la ley, y se están incinerando residuos con total desconocimiento de su composición y sus efectos. En este sentido se hacen auténticas burradas y no es extraño que el índice de parejas estériles sea cada vez más alarmante, o que cada día haya más efectos genotóxicos o índices más altos de cáncer entre la población. Hay muchos industriales que desconocen todo sobre los residuos y los mezclan, lo que está prohibido por la ley, y no los agitan de casualidad". Por todo ello, Piedra cree que es esencial crear una cadena de custodia de los residuos.

La Administración estudia la posibilidad de incinerar residuos tóxicos no organoclorados en las cementeras, como hacen otros países. Aunque se llegara a esta solución, no sería suficiente, según Mazarrasa, porque estas plantas no podrían ocuparse de todos los residuos tóxicos, que en un 80% son policlorobifenilos (PCB) o compuestos halogenados.