Del negro al 'op-art'

Transformar el dinero negro en blanco es la otra gran reforma fiscal que se plantea el Gobierno. Hacienda estudia una complicada partida de ajedrez en la que sólo podrán jugar por el equipo negro los titulares de los pagarés del Tesoro. El objetivo es quedar en tablas, de forma que las piezas blancas -los que pagan impuestos- no abandonen la partida. Las piezas negras tendrán que pagar por entrar en el juego de la regularización fiscal, pero si el coste es elevado "no acudirá casi nadie", afirman los expertos. El problema es mover las piezas negras y que no sólo jueguen los peones.

"El pagaré del Tesoro tendrá su última oportunidad de contribuir a la causa", afirma un miembro del Grupo Socialista del Congreso. La causa es servir de vaso comunicante entre el dinero negro y su transformación en blanco mediante una gran emisión de pagarés. "Una vez que el dinero opaco esté en el corral, se echa la verja y se hace el blanqueo", añade. Para entrar en la operación "habrá que pagar un peaje", lo que servirá de salvoconducto para que la Inspección de Hacienda deje el paso libre, es decir, que no indague sobre la procedencia del dinero ni sobre los rendimientos no declarados.Este diseño de la operación es básicamente acertado, según fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, para entrar en mayores honduras "es todavía pronto, ya que las ideas no están todavía maduras y el asunto tiene muchas complicaciones". Se coincide en que el vehículo son los pagarés del Tesoro, y la condición es que desaparecerá su actual opacidad fiscal, origen de un largo debate en el Gobierno.

A partir de ahí se abren tres opciones, según las mismas fuentes: que la operación no tenga coste para el titular del pagaré -descartado porque significaría una amnistía fiscal-, hacerlo a coste de complementaria -pagar lo que se debe por los rendimientos obtenidos y no declarados con intereses, pero sin sancióno hacer pagar una penalización para lo que se baraja entre un 30% y un 40%.

Entre los asesores fiscales consultados, la regularización fiscal que se perfila puede calificarse de timorata. No se entiende que afecte sólo a los titulares de pagarés del Tesoro. "Si se admite que es necesario solucionar el problema para rebajar la presión fiscal y tener más recursos públicos, no debería descartarse nada".

Este toque a rebato para que el dinero en cajas de seguridad de los bancos, primas únicas aún no identificadas, cesiones de crédito o cuentas secretas se vuelque en pagarés creará, en opinión de los expertos, "un movimiento del que se beneficiarán los bancos, que por cambiar el dinero de un sitio a otro cobran una comisión, y creará distorsiones en el mercado".

Lo más sencillo sería, según esta opinión, volver a lo que se hizo como paso previo a la reforma fiscal de 1978, es decir, se aplicaría la tarifa de una sola vez, de forma que la inspección fiscal hiciera borrón y cuenta nueva de los últimos cinco años, plazo en que prescriben las deudas tributarias.

Penalización

El coste de este viaje hacia la transparencia fiscal, para lo que se baraja entre un 30% y un 40%, es excesivo, según estas fuentes. Quienes lo tendrán más fácil para no pasar por el aro de la regularización que propone el Gobierno son los peces gordos del fraude. La solución para ellos vendrá tarde o temprano con la fecha límite de 1993, en que España tiene que dejar entrar y salir capitales con libertad.Un camino puede ser la constitución de una sociedad en países seguros para el dinero negro, como Luxemburgo, donde nadie pregunta el origen de estos fondos cuando se constituye una sociedad y las plusvalías a largo plazo no tributan. Otro camino que no tiene que esperar a 1993 es constituir una sociedad en España y que sus beneficios tributen al 35%.

Sin embargo, a estas jugadas de alcance sólo suelen acceder los muy enterados y con suficientes recursos como para pagarse un asesor fiscal. Dependerá de cómo se instrumente la regularización fiscal, pero el riesgo es que sólo entren en juego los peones, es decir, los pequeños defraudadores. Este es incluso un riesgo calculado, ya que "puede hacerse una montaña de arena", y para el resto, "que siga actuando una inspección fiscal con mayores medios", señalan fuentes del Grupo Socialista.