Seis nuevos detenidos en Cataluña por el fraude del IVA

Inés Ayala Marín e Isabel Capell Mufloz, accionista y gerente respectivamente de la empresa constructora Sarrísot, con sede social en Badalona (Barcelona), fueron detenidas ayer por la Guardia Civil por su supuesta relación con la compra de facturas falsas del IVA. Capell prestó anoche declaración ante el juez de guardia, quien decretó su ingreso en prisión sin fianza. Inés Ayala no ha pasado aún a disposición judicial, al igual que otras cuatro personas detenidas ayer en Barcelona, que desarrollan profesiones liberales y que están supuestamente relacionados con el fraude. Se trata de José María Terés Tomás, Jorge Quinto Gisbert, Ramón Saludas Clavell y Marcos Eduardo García Sariz.La relación de la firma Samsot, gestionada por las dos mujeres, con el fraude del IVA se establece a través de otro de los implicados, el asesor fiscal José Llamas, que se encargaba de llevar la contabilidad de Sarnsot, según fuentes relacionadas con el caso. De acuerdo con las mismas fuentes, Llamas, ex marido de Inés Ayala, le propuso realizar una operación con facturas falsas. La mujer firmaba las facturas que posteriormente eran compradas por otras empresas y por ello cobraba una comisión. La relación entre Sarrisot y Llamas fue confirmada ante el juez de guardia por Isabel Capell.

Una de las empresas que compró facturas falsas a Sarnsot fue Cubiertas y Mzov, según reconoció el subdirector general firianciero de la constructora, Juan Ignacio Manresa Rovira, que el pasado jueves ingresó en prisión tras declarar ante el juez.

El alto ejecutivo de Cubiertas, que se había presentadao voluntariamente a la Guardia Civil, admitió ante el juez que dio órdenes a sus subordinados para que compraran facturas falsas del IVA y aceptó su responsabilidad en los hechos. Manresa precisó que los empleados de Cubiertas y MZOV adquirían facturas falsas del IVA a la constructora de Badalona Sarnsot y a otra empresa vinculada al cerebro del fraude, Pere Bou, según señalaron fuentes de la defensa.

Manresa, que fue asistido por el abogado Juan Piqué Vidal, cifró en 700 milones de pesetas el importe defraudado durante tres años, y aseguró ante el juez que dicha cantidad está ingresada en cuentas bancarias. Añadió también que el montante obtenido en el fraude iba a ser destinado a operaciones inmobiliarias por medio de las cuales contribuía al blanqueo de dinero negro de una empresa relacionada presuntamente con el detenido.