En defensa de un hospital
Después de un informe del Defensor del Pueblo demoledor para la asistencia sanitaria pública, de la sensibilización de la opinión pública hacia la avalancha de noticias en la prensa sobre camas y muertes en los pasillos de los hospitales de Madrid, de la semana negra de enero de este año que demostró la insuficiencia de recursos de urgencia en nuestra ciudad, no podemos permanecer impasibles ante el anuncio del inminente cierre de unPasa a la página siguiente
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gran hospital con la distraída indiferencia de la Administración.
La Fundación Jiménez Diaz engloba a un hospital de máximo nivel, donde se realizan trasplantes de órganos, y a un instituto de investigación cuyo volumen de publicaciones es hoy probablemente el mayor de todos los hospitales de España. A esto se añade un centro médico docente dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid y una escuela universitaria de enfermería.
No es un hospital privado, es una fundación asistencia¡ y docente que contiene una empresa de servicios, como es un hospital, de utilidad pública, con un área sanitaria asignada para la asistencia de enfermos beneficiarios de la Seguridad Social.
Por tanto, resultan desafortunadas y desinformadas las declaraciones del jefe del gabinete de prensa del Insalud (EL PAÍS, 24 de octubre) al reducir el tema al ámbito de un hospital privado que culpa a la Administración de sus problemas. Este comunicado trata, en nuestra opinión, de desenfocar el origen de la crisis y de eludir responsabilidades. Resulta, además, incompatible con la afirmación posterior del ministro de Sanidad (EL PAÍS, 25 de octubre), según el cual "no considera conveniente la administración directa del hospital". Naturalmente, el ministro sabe que es imposible no generar pérdidas con una financiación privilegiada de 18.334 pesetas (media día /enfermo), cuando otros hospitales de la misma envergadura cuestan mucho más: Puerta de Hierro, 39.508 pesetas; la Princesa, 28.236 pesetas, e incluso el hospítal de Mástoles, 30.907 pesetas. Es decir, que implícitamente admite que si su ministerio administrara directamente el hospital el coste sería mayor.
Perder cada día y por cada paciente ingresado (700 camas) 6.478 pesetas (precio de coste, 24.812 pesetas; precio medio abonado por el Insalud, 18.334 pesetas) y por cada primera consulta 6.855 pesetas (precio coste, 18.855 pesetas; precio abonado por el Insalud, 12.000 pesetas) no es recibir un trato privilegiado, es engrosar una deuda que ya asciende a 7.000 millones de pesetas. A esta calamitosa situación se ha llegado sin que en ningún momento se nos permitiera intervenir a los representantes sociales en las negociaciones de los acuerdos.
Recurrir al arquetipo conceptual del hospital privado como un negocio particular de los médicos ya no es un argumento sólido ni admisible para una Administración que se declara partidaria de una sanidad mixta y que ha estado obteniendo de nuestro hospital una asistencia de alto nivel a bajo coste durante 13 años.
En defensa de los trabajadores del centro y del interés del pueblo de Madrid, tenemos que señalar a la Administración como principal responsable de la situación actual con la complicidad de un patronato incompetente. Estarnos hablando de pérdidas diarias de cuatro millones de pesetas por asistencia a pacientes de la Seguridad Social. Este planteamiento nos ha llevado irremisiblemente a la quiebra y no hay gestión, por buena que sea, que pueda ofrecer duros a peseta. Debe, además, hacerse público que ésta no es sólo nuestra opinión, sino la de todos los gestores que, avalados por el ministerio, han controlado la economía de este centro desde hace seis años.
Los trabajadores a los que representamos han realizado todo tipo de esfuerzos y sacrificios. No se les puede pedir más. Saben que sólo les queda la calle.
Sólo una consciente y decidida voluntad política puede impedir que dentro de pocos días se cierre no sólo una institución de prestigio internacional, sino también algo tan imprescindible para los madrileños como un servicio de urgencias.
Queremos desde estas páginas instar al Gobierno para que recoja el reto que supone orientar un gran hospital en la línea de la Esepaña de los noventa dentro de una Sanidad para una nación en crecimiento.- y tres firmas más. Comité de empresa y facultativos de la Fundación Jiménez Díaz.
