Detenidos el presidente y el secretario de Polizur y un jefe de Cubiertas por el fraude del IVA

La Guardia Civil detuvo ayer en Barcelona Manuel Alcaraz Puig, presidente de la empresa Polizur, Angel Martínez Hernández, secretario de la misma, y a Félix Puig Tapias, jefe del servicio de edificabilidad de Cubiertas y MZOV, por el fraude de las facturas falsas del IVA. Los dos primeros ingresaron en la cárcel modelo, mientras que el último fue puesto en libertad junto a Fernando Sallent, detenido el lunes. El juez marcó una fianza de dos millones de pesetas para cada uno de ellos. Con éstas son ya 15 las personas detenidas por este caso, 12 de ellas en Barcelona y tres en Madrid. La Guardia Civil ha intervenido en Calafell (Tarragona) más facturas falsas.

En total son ya tres los empleados de Cubiertas detenidos en relación con este caso. Carlos García Rodríguez fue detenido el 23 de octubre, y salió en libertad bajo fianza de dos millones de pesetas el pasado miércoles. El lunes fue detenido el jefe de compras de Cubiertas, Fernando Sallent, que ayer fue puesto en libertad bajo fianza de dos millones de pesetas, al igual que Puig. Los otros dos detenidos ingresaron en la cárcel modelo, por decisión del juez de guardia, a la espera de que el juez encargado del caso, Emili Soler, resuelva hoy si varía su situación.Según fuentes cercanas a la investigación, la Guardia Civil intentó localizar sin éxito en la noche del lunes a tres altos ejecutivos de la constructora barcelonesa, que no pudieron ser localizados. Estas fuentes no pudieron concretar si la Guardia Civil tenía orden de detención contra estos tres ejecutivos.

Cubiertas hizo pública una nota el 25 de octubre en la que señalaba que la constructora abrió una investigación y una auditoría externa tan pronto como tuvo conocimiento de su implicación en el caso de las facturas, "habiéndose liquidado de inmediato aquellas cantidades que, por los criterios más rigurosos de interpretación de la normativa, se entendía que Hacienda podría exigir a la compañía".

También pasaron ayer a disposición judicial y posteriormente ingresaron en prisión, los citados presidente y secretario del consejo y administrador de Polizur, otra de las empresas citadas por el presunto cerebro del fraude del IVA, Pedro Bou. Polizur, constituida en marzo de 1987, es una sociedad dedicada a la promoción y adquisición de todo tipo de inmuebles, así como a la rehabilitación de edificios. Se trata de una de las más importantes promotoras de naves industriales en Cataluña. En la actualidad, está desarrollando una inversión de 8.000 millones de pesetas en Cerdanyola, lo que constituye una de las más importantes operaciones inmobiliarias de suelo industrial de estos momentos en Cataluña.

Composición de Polizur

El consejo de administración de Polizur está presidido por Manuel Alcaraz, y su secretario y administrador es Ángel Martínez Hernández. La sociedad está participada en un 30% por Inmobel, SA, empresa 100% propiedad de Enric Reyna Martínez, presidente del comité ejecutivo de la Fira de Barcelona; otro 30% pertenece a Obral, SA, propiedad de Alcaraz; y un 15% pertenece a Vilassar Internacional, empresa holding que administra las participaciones patrimoniales del Grupo Tipel, propiedad de la familia Prenafeta (véase EL PAÍS de ayer). Fuentes de la defensa destacaron ayer que Polizur presentó una declaración complementarla antes de recibir la citación de Hacienda, los días 20 y 25 de octubre.Existen distintos puntos de vista dentro del propio consejo de Polizur sobre quién lleva la gestión de la sociedad, y por tanto sobre quién deberían recaer las hipotéticas responsabilidades de esta sociedad en el fraude del IVA. El presidente del consejo es Alcaraz, el secretario y administrador es Ángel Martínez, mientras que Enric Reyna Benabarre, hijo del presidente del comité ejecutivo de la Fira, recibió poderes para actuar como administrador indistinto de Polizur, según escritura notarial del 27 de julio.

La Guardia Civil ha encontrado en Tarragona un paquete de recibos falsos, listos para ser puestos en circulación. Según informaba ayer el diario La Vanguardia, estas facturas alcanzaban un montante de 4.000 millones de pesetas. Fuentes de la defensa señalan que no se puede precisar la cuantía de las facturas encontradas, y que éstas estaban en un inmueble de Calafell (Tarragona) propiedad de Pedro Bou, presunto cerebro del fraude. Este piso fue vigilado por la policía cuando se abrieron las investigaciones, in forma Josep Garriga.

Otras fuentes cercanas a la investigación consideraron "muy exagerada" la cifra de 4.000 millones. El secretario general de Hacienda, Jaime Gaiteiro, había cifrado en 2.400 millones de pesetas el volumen defraudado por las empresas más importantes investigadas en el caso. Según fuentes oficiales, son 100 las sociedades citadas por Hacienda por la acusación de comprar facturas falsas, y cerca de 40 las empresas emisoras de estas facturas. En general, estas últimas son sociedades inexistentes, desaparecidas o de nula actividad.

El juez Emili Soler, encargado de la investigación sobre el fraude, ordenó el lunes la puesta en libertad, bajo fianza de dos millones de pesetas, de dos de los detenidos: Carlos Alberto Silván y Joan Duch, director y apoderado, respectivamente, de dos sucursales del Banco Central, además del citado Carlos García, empleado de Cubiertas. Silván admitió, en sus declaraciones ante la Guardia Civil y el juez, que había recibido gratificaciones de Bou.

En total son siete, incluyendo las dos de ayer, las personas internadas en la cárcel Modelo. Todos los detenidos han sido acusados de los mismos delitos: falsedad en documento público y delito fiscal.