Instrucciones severas para que todos los vocales voten como presidente del CGPJ a Pascual Sala

BONIFACIO DE LA CUADRALos partidos políticos PSOE, PP, CDS, CiU y PNV han dado instrucciones severas a sus respectivos y vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que voten mañana a Pascual Sala, actual titular del Tribunal de Cuentas, como presidente, y al vocal José Luis Manzanares, como vicepresidente, mientras que las asociaciones judiciales insisten en el debate previo sobre distintos candidatos. Sala demostró una gran comprensión hacia todos los partidos políticos a propósito de las irregularidades legales y contables observadas en su financiación.

Pascual Sala explicó en su día ante el Parlamento que renunciaba a profundizar en la fiscalización de las finanzas de los partidos y a utilizar las facultades investigadoras y sancionadoras que la ley de financiación de los mismos puso en sus manos en atención a su importancia constitucional y al poco tiempo disponible, dado que la ley es de 2 de julio de 1987.Los 20 vocales del CGPJ pactados por el PSOE con la oposición de centro-derecha -10 de ellos fueron ratificados el martes último por el Congreso y los restantes lo serán hoy por el Senado- tomarán posesión mañana de sus cargos y se reunirán en sesión constitutiva del Consejo, en la que deben elegir a su presidente, que también será titular del Tribunal Supremo.

En los tanteos iniciales sobre un posible presidente, el PP vetó al actual vicepresidente del CGPJ, Manuel Peris, y al ex ministro de Justicia Fernando Ledesma -que había logrado introducir en el Consejo muchos juristas afines- El PSOE comprobó, por su parte, alarmado, que el magistrado Clemente Auger contaba con un fuerte consenso entre sus candidatos iniciales y los de la oposición.

Los socialistas recurrieron entonces a la figura de Pascual Sala, cuya actitud "comprensiva" ante las irregularidades detectadas en la financiación de los partidos había sido bien recibida por estos. El mandato normal de tres años de Sala concluye en julio de 1991.

Informaciones de fuentes policiales socialistas han destacado en los últimos días entre los méritos de Pascual Sala su capacidad de trabajo y concretamente la labor realizada al frente del Tribunal de Cuentas, en donde ha logrado votaciones integradoras y ha evitado la confrontación, hasta el punto de que incluso en el informe sobre la gestión y reprivatización de la Rumasa expropiada las discrepancias de la institución se limitaron a cuatro votos discrepantes frente a los ocho a favor.

Otras fuentes del PSOE señalaron que, al margen de estas cualidades de Sala, lo decisivo para que pueda ser aceptado unanimemente como candidato a presidente del CGPI ha sido su actuación en la fiscalización de los partidos políticos, habida cuenta que la ley del 2 de julio de 1987, según el propio Pascual Sala, es "de las más rigurosas existentes sobre la materia" en los países de nuestro entorno.En pleno 'caso Naseiro'

Tales fuentes recordaron que en su comparecencia del pasado 19 de abril -en pleno estallido del caso Naseiro, que afecta a la financiación del PP- ante la comisión mixta del Congreso y el Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Sala se refirió a una serie de ilegalidades e irregularidades contables detectadas en el ejercicio de 1987 y repetidas en 1988.Sala recordó entonces que la ley permitía al tribunal "la exigencia de responsabilidades", pero que no lo había hecho, ,,aunque es consciente", dijo su presidente, "de hasta dónde puede llegar en la interpretación de la norma jurídica de esta ley de Financiación de los Partidos Políticos que le sirve de guía en el ejercicio de su función fiscalizadora".El hecho fue que el Tribunal de Cuentas no sancionó a los partidos ni agotó sus posibilidades legales de investigación. La explicación ofrecida, y que ha sido del agrado del PP, es que, en palabras de Pascual Sala, "los partidos no son sociedades anónimas ni pueden ser tratados como tales". En apoyo de esta posición, Pascual Sala invocó ante la comisión parlamentaria "el papel fundamental de los partidos políticos en un Estado de Derecho y en una democracia recogido en el * artículo 6 de la

Constitución, y afirmó que el Tribunal de Cuentas tenía "esa sensibilidad, ( ... ), como cualquier ciudadano".Dificultades de los partidos

A pesar de la magnitud de las irregularidades financieras y contables de los partidos, Sala explicó que el tribunal había ponderado "todas las dificultades que han encontrado las fuerzas políticas para cumplir su obligación legal, dado el rigor de la ley. Pascual Sala se mostró un buen conocedor de las posibilidades fiscalizadoras que la ley puso en sus manos y que no utilizó, aunque no descartaba hacerlo. Reconoció "no querer meterse con ellos [los partidos] en esta primera fiscalización".

Pascual Sala mostró un gran conocimiento sobre las previsiones legales respecto a "si ha habido fuentes de financiación de los partidos políticos que no sean las legales", y añadió que para averiguar eso, el Tribunal de cuentas "tiene que examinar todos los soportes contables que le presentan los partidos, e inclusive, si quiere puede hacerlo", dijo, "investigar a través de cuentas bancarias, etcétera, y ampliar la investigación o utilizar cualquier otro tipo de documentación que se le puede presentar y que al tribunal no haya podido venir por un procedimiento regular".

En su intervención en la comisión parlamentaria, el portavoz conservador, Diego Jordano Salinas (del PP), en plena efervescencia del caso Naseiro, pidió al presidente del Tribunal de Cuentas que manifestara "con rotundidad" si había encontrado en la contabilidad de los partidos políticos alguna aportación finalista, es decir, "si los partidos han recibido o no han recibido de particulares o empresas dinero determinado con una finalidad concreta de obtener algo".

Pascual Sala contestó al parlamentario que no había detectado "ningún incumplimiento de la prohibición de aportaciones finalistas" en los documentos examinados, "pero sólo en los que han sido suministrados por los partidos políticos", y advirtió: "Sobre este punto -también he de decirlo- el tribunal no ha hecho ninguna otra investigación". Recordó que para limitar derechos individuales y libertades la competencia es del poder judicial, cuya ayuda podría recabarse.

La cara de consternación de algunos parlamentarios, llevó al presidente del Tribunal de Cuentas, en una actitud calificada en fuentes socialistas de "responsable y seria", a serenar los ánimos. "Pero también debo llamar a la tranquilidad, ya que de la documentación analizada", dijo, "no se desprende incumplimiento o vulneración por parte de las fuerzas políticas de esta prohibición de aportaciones finalistas que está recogida en el artículo 4 de la ley".