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Anomalías legales y contables no sancionadas

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos políticos se refiere a 1987 y refleja irregularidades legales y contables, especialmente por lo que se refiere al principal partido de la oposición, que entonces se llamaba Alianza Popular (hoy PP). Tanto las deficiencias como el no envío por el PSOE y el PSUC de la documentación solicitada no produjo sanción.AP no reflejó en su contabilidad créditos por más de 153 millones de pesetas. Alegó que se trataba de operaciones canceladas, pero no presentó documentación que avalase esta afirmación. AP no integró los resultados del ejercicio y no reflejó lasituacion patrimonial de las sedes provinciales ni las cuotas de los afiliados, que el Tribunal de Cuentas calculó en unos 614 millones de pesetas. El tribunal manifestó su "estupor" ante una cuenta denominada "regularización de balances", que superaba los' 596 millones de pesetas, sin soporte documental alguno.Entre las ocho violaciones de la ley de Financiación de Partidos Políticos, AP incurrió en no abrir una cuenta de aportaciones y donativos", no tener inventario de bienes, archivo documental con justificantes manuscritos, asientos sin contrapartida, falta de documentos acreditativos y apuntes contables con partidas de imposible seguimiento.Defectos de otros partidos

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El PNV ofreció deficiencias contables y valoró en 66 millones de pesetas su capital inmovilizado, que el tribunal calculó en 4.000 millones de pesetas. Asimismo, no coincidieron, según el informe, las cifras de las subvenciones oficiales. Entre las violaciones de la ley observadas figuran la carencia de registros contables básicos para acreditar la veracidad de los saldos y falta de reflejo de las aportaciones privadas.

El CDS omitió consignar un crédito de cinco millones de pesetas, su inventario no incluyó todas las adquisiciones de bienes y no abrió cuenta. de aportaciones privadas, aunque informó que ascendían a 253.830 pesetas. Por su parte, Convergéncia Democrática de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya fueron objeto de las críticas del Tribunal de Cuentas por el hecho de que una sola persona dispusiera de los fondos de las cuentas, no se justificaran algunos gastos y no se ingresaran ni controlaran algunas subvenciones.

El informe del Tribunal de Cuentas dijo del PSOE lo que de ninguna otra formación: que disponía de una organización contable suficiente. Apreció deficiencias al no facilitar el libro diario contable; la no supervisión por la ejecutiva del PSOE de las operaciones que realizan las sedes territoriales y la no apertura de cuenta de aportaciones privadas.

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