Hacienda se quita el corsé

La creación de la Agencia Tributaria, prevista para la segunda mitad del año próximo, ha levantado la polémica. Desde algunos sectores se trasluce el temor a que la Administración de Hacienda se privatice y que así los contribuyentes pierdan seguridad jurídica. Sin embargo, Hacienda pone en marcha la agencia para mejorar su eficacia en la persecución del fraude. Para empezar a andar, la agencia contará con un presupuesto y unos efectivos similares a los que dispone Hacienda en la actualidad, es decir, algo más de 100.000 millones de pesetas y unas 27.000 personas.

A partir de la segunda mitad del año próximo, si los planes de Hacienda se cumplen y si así lo aprueba el Parlamento, los contribuyentes ya no tendrán que vérselas con las delegaciones de Hacienda para cualquier papeleo. El edificio será el mismo y las caras de los funcionarios también serán las mismas. Lo que cambiará, a primera vista, es la fachada de los edificios que pasarán a denominarse Agencias Tributarías.Salvo en los aspectos formales, "el contribuyente no tiene por qué notar el cambio, ya que lo único que se modifica es la organización administrativa" afirma Abelardo Delgado, director general de Recaudación del Ministerio de Hacienda Pero, ¿se van a sentir más perseguidos?: "Esto no depende de la creación de la agencia, sino de que consigamos una mayor eficacia", añade.Con esta explicación no está de acuerdo, por ejemplo, el diputado del Partido Popular Juan García Margallo, que ha anunciado la oposición de su grupo a la creación de la agencia. Durante un reciente debate parlamentario con el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, García Margallo señaló que la indefinición actual de lo que será la Agencia Tributaría puede llevar a que se acabe denominando la cosa, como el Partido Comunista Italiano.Los inspectores de Hacienda, agrupados en Apifle, también se quejan de que el proyecto de Ley de Presupuestos de Estado para 1991 -donde se regula la agencia- alberga "una serie de indeterminaciones que tendrían que concretar se antes de poder dar una opinión favorable", según se expresa en una carta enviada por la asociación a sus afiliados.[UGT ha propuesto una re visión de la disposición de los Presupuestos Generales del Estado para 1991 que regula la creación de la agencia estatal por considerar que deja la puerta abierta a la privatización de la gestion tributaría, a la que se opone frontalmente].La agencia se constituye como "ente de derecho público", con "personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada". Esto significa que la agencia tendrá autonomía de gestión en materia de personal, financiera, económica, patrimonial y de ejecución presupuestaria.

Ello se traduce en que, por ejemplo, la agencia tendrá plena capacidad para aprobar los sueldos de sus funcionarios -sin contar con Administraciones Públicas-; tendrá su propia oferta de empleo público; podrá establecer las condiciones para el sistema de acceso de funcionarios y contratar a personal laboral, e incluso podrá participar en el capital de sociedades privadas.

Como punto de partida, la agencia contará con los mismos efectivos que en el momento de su constitución estén adscritos a la Secretaría General de Hacienda en las áreas de gestión, inspección y recaudación; en estos momentos son 26.460 personas (15.680 funcionarios y 10.780 contratados). Queda fuera la Dirección General de Tributos y los Tribunales Económico-Administrativos, lo que se explica porque "su función es normativa, no de gestión".Inquietudes

Sin embargo, ello ha despertado algunas suspicacias entre los funcionarios de Hacienda porque existe la impresión de que a los de la agencia les van a pagar mejor. El director general de Recaudación señala que los sueldos están aún por determinar en la nueva catalogación de puestos de trabajo, que afectará, una vez aprobada, a todo el personal de la Secretaría General de Hacienda. En ella, "habrá una solución retributiva para todos, de forma que se eviten indeseables cambios de puesto de trabajo con el único fin de ganar más". El sistema de contratación también ha motivado algunas inquietudes. Delgado señala que "las funciones que sean públicas serán desarrolladas, como hasta ahora, por funcionarios públicos y el sistema de acceso será de oposición o concursos de traslado".

Otro motivo de inquietud, según los inspectores, es que los directivos de la agencia se nombren "a dedo" y con criterios políticos. El director general de Recaudación explica, por su parte, que el sistema será el mismo que el que rige en la actualidad, es decir, que "para ser subsecretario, secretario de Estado o director general no hace falta ser funcionario; por tanto, en la agencia, estos puestos también serán cubiertos por libre designación".

La autonomía de la que gozará la agencia también se concreta en el presupuesto. Las cuentas serán elaboradas por la agencia y serán remitidas al Parlamento junto con los Presupuestos del Estado. La agencia se financiará además con un porcentaje "razonable" -del 10% al 15 % - sobre la recaudación por actas de inspección, que en la actualidad asciende a 180.000 millones de pesetas.