Calma tensa en la comarca de La Ribera

Las visibles muestras de satisfacción con que las asociaciones de damnificados de la comarca de La Ribera acogieron la lectura de la sentencia, el pasado viernes en la Audiencia de Valencia, contrastaba con el silencio y el escepticismo de aquellos perjudicados no incluidos en la lista de indemnizaciones.Eran las dos caras de una larga espera de ocho años para conocer la sentencia del Tribunal. A un lado, los vecinos organizados que se personaron en el procedimiento y ejercieron la acusación particular. Al otro, una legión de perjudicados que confió en el carácter público del ministerio fiscal y en la imagen solidaria de ¡ajusticia.

Esta división determinaba ayer el ambiente de calma tensa que se respiraba en la mayoría de los municipios afectados por la rotura de la presa de Tous, como si los afectados hubieran decidido aprovechar el fin de semana para reflexionar sobre la sentencia y beneficiarse de unas horas de alivio tras las tensiones de los últimos días.

El alcalde socialista de Alzira y presidente de la Diputación de Valencia, Francisco Blasco, aseguró ayer a este periódico que la sentencia puede originar nuevas tensiones entre los afectados. Este ayuntamiento, que reclamaba 295 millones de pesetas, en daños de propiedad municipal, tampoco ha sido incluido en la lista de indemnizaciones al no haberse personado en el procedimiento.

"A pesar de no conocer exactamente el contenido del fallo, creo que la decisión del Tribunal rompe el principio de solidaridad", afirmó. Blasco aseguró que los vecinos de la comarca de La Ribera son gente sencilla y confiada en la acción de la justicia y añadió: "La sentencia del Tribunal puede originar más problemas de los que parece resolver".

Los vecinos de Carcaixent tampoco han visto satisfechas sus reclamaciones, cifradas en 8.285 millones de pesetas, ya que el Tribunal ha estimado que la representación letrada del ayuntamiento de la localidad no ostentaba la representación de los ciudadanos. Los afectados de Carcaixent esperaban ayer, como en otras poblaciones, una interpretación jurídica de la sentencia para "saber a qué atenerse".

Izquierda Unida anunció ayer la presentación de una enmienda a los presupuestos generales del Estado con la intención de que se habiliten los créditos necesarios para que el Estado anticipe las indemnizaciones de los afectados. Los anunciados recursos ante el Tribunal Supremo pueden demorar las indemnizaciones.