El 32º Congreso del PSOE no estudiará un nuevo texto legal

A. C. El 32º Congreso del PSOE, que se celebrará en Madrid en noviembre, no abordará la posible modificación de la ley despenalizadora de la interrupción voluntaria del embarazo, según Dolors Renau, secretaria ejecutiva de participación de la mujer en el partido. En sentido contrario se han manifestado los socialistas catalanes (PSC) y algunos congresos provinciales, como el de Cádiz. Los primeros aprobaron hace una semana, durante la celebración de su congreso, una ponencia que prevé la regulación del aborto mediante una ley de plazos. Los socialistas gaditanos, por su parte, han anunciado que defenderán en el congreso federal la ampliación de la ley del aborto en un cuarto supuesto, que "despenalice el aborto motivado por la situación económica".

En el Parlamento

A pesar de ello, Renau se muestra contraria a que el congreso federal aborde un tema "sobre el que ya nos hemos pronunciado en el Parlamento", dice, en clara referencia a una proposición no de ley aprobada el pasado 18 de septiembre con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. En ella se pide al Gobierno que realice un estudio sobre las deficiencias en la aplicación de la actual ley. Este Informe servirá para llenar una laguna: "Nos falta un intento de racionalización con datos en la mano", afirma Renau. Un efecto inmediato de esa Medida será que el Ministerio de Sanidad y Consumo no podrá seguir manteniendo casi en secreto las cifras de abortos legales declarados.

A esa propuesta del PSOE hay que añadir una proposición de ley presentada por Izquierda Unida el pasado mes de abril. Ésta establece el aborto libre y gratuito sin otra limitación que el plazo de realización: las 16 primeras semanas de embarazo. Este plazo podría ampliarse hasta las 22 semanas para los casos en que se detecten malformaciones del embrión, y durante toda la gestación si está en peligro grave la salud de la embarazada.

El texto de IU contempla también la penalización de los abortos producidos sin consentimiento de la mujer, como puede ocurrir por efecto de la violencia física o de las condiciones laborales. Actualmente la propuesta se encuentra "pendiente de señalización de fecha para su discusión", según Marisa Castro, portavoz del centro Dator Médica y militante de IU, que contribuyó a elaborar -Junto con Cristina Almeida- el proyecto de ley