Geografía discontinua

Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha no cuentan con centros privados acreditados para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, según datos de la Comisión Pro Derecho al Aborto. Teniendo en cuenta que ese tipo de centros atiende el 95% de la demanda, es fácil deducir que las mujeres de esas comunidades autónomas se ven forzadas a desplazarse fuera de su entorno si optan por no continuar con la gestación. A ellas hay que añadir las mujeres de Extremadura: en Mérida hay un centro acreditado, pero no registra actividad. En Murcia el consejero de sanidad ha contratado un ginecólogo que viaja desde Madrid para realizar abortos en un centro de la comunidad autónoma.En cuanto a la distribucción de los hospitales de la Seguridad Social que atienden abortos provocados, el Ministe rio de Sanidad y Consumo afirma que cubren todo el territorio, ya que "todos los hospitales públicos están acreditados ". Pero la inexistencia de sanitarios dispuestos a prestar esa asistencia -Sanidad afirma desconocer el número de ginecólogos que alegan objeción de conciencia- convierte a esa utópica red de centros diseminados por todo el país en una ficción. De hecho, los ginecólogos no objetores de hospitales públicos de Madrid están saturados resolviendo el 70% de los abortos que se realizan en la red pública, y en las comunidades citadas, como el caso de Navarra, no existe ningún centro (público o privado) que practique la operación.