"¿No quieres caldo? ¡Pues toma tres tazas!"

La caja de los truenos se ha abierto de nuevo tras la condena, el pasado día 4, de una mujer que se sometió a un aborto por peligro para su salud psíquica, su ex marido y los dos sanitarios que la atendieron. Uno de ellos, el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, acumula esa condena a otra anterior. Director de dos centros, en Málaga y Granada, no muestra temor por los 11 años de cárcel a los que se enfrenta: "Tengo en trámite otro centro en Córdoba. ¿No quieres caldo? ¡Pues toma tres tazas!". Un desafío similar mantienen los sectores contrarios al aborto: esta semana se ha reabierto en Valladolid un proceso contra el único centro acreditado en Castilla y León para la realización de interrupciones de embarazo.

Ante esta situación, feministas, médicos y abogados coinciden en que no puede dilatarse por más tiempo la modificación de la actual ley, en vigor desde agosto de 1985. Esta normativa despenaliza las interrupciones de embarazo que se realicen por riesgo para la salud de la madre -física o psíquica-, malformación del feto o que sean gestaciones fruto de una violación. En el caso de la mujer condenada en Málaga a dos meses de arresto mayor se podrían encontrar la casi totalidad de las mujeres que abortan en España. "Estamos envenenados. ¿Cómo es posible el baboseo de un fiscal que se ríe de esa mujer -humillada, al borde de la desintegración- preguntándole que qué es para ella la salud psíquica? Una mujer que trabaja de jornalera para sacar adelante a sus cuatro hijos", dice Germán Sáenz de Santamaría.Ese motivo -riesgo para la salud psíquica- es la causa aducida en el 85% de las interrupciones de embarazo que se realizan en los centros extrahospitalarios, según datos de la Federación de Planificación Familiar de España. Ese tipo de centro absorbe -ante la generalizada objeción de conciencia de los tocoginecólogos de los hospitales públicos- el 95% de los abortos. Así, 24.493 interrupciones de las 26.069 realizadas en 1988 tuvieron lugar en centros privados y sólo 1.576 se llevaron a cabo en hospitales públicos. Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, el número de abortos subió hasta 30.553 en 1989. Los datos recogidos este año -21.000 en los nueve primeros meses- indica que la demanda se ha estabilizado en torno a los 30.000 abortos anuales.

Sáenz de Santamaría, miembro de Izquierda Socialista, responsabiliza de la actual situación a su partido. "El PSOE es el culpable de estos insultos a la mujer. Necesitamos una ley de plazos y una ley del jurado ya, sin demoras, porque los ciudadanos no tenemos medios para defendernos". La necesidad de un cambio en la legislación es compartida, con diversas matizaciones, por Marisa Castro, portavoz de la clínica Dator Médica; Empar Pineda, de la Comisión Pro Derecho al Aborto; Carmen Martínez Ten, ginecóloga y directora del Instituto de la Mujer, y Ángel Santaolalla, uno de los médicos procesados en el caso Ginemédica de Valladolid.

Desesperanza

"Estamos desesperanzados. Es una tomadura de pelo. La ley, que no puede retrasarse más, tendría que garantizar el derecho al aborto en igualdad de condiciones para todas las mujeres como una prestación gratuita de la medicina pública. Poner un plazo de determinadas semanas para poder abortar nos parece una arbitrariedad tremenda, porque coloca en la ilegalidad a la mujer que aborta un día después", afirma Empar Pineda. Para Marisa Castro, el aborto "es un derecho democrático que no debe estar en el Código Penal. Éste sólo debe penalizar el aborto que se hace en contra de las mujeres".

Martínez Ten, por su parte, afirma: "Estamos en el momento perfecto, con el nuevo Código Penal que está elaborando Justicia, para modificar la legislación". Por otra parte, José María Mohedano y Francisca Cobos, defensores de los acusados en Valladolid, señalan que las arbitrariedades cometidas no se hubieran producido de existir el jurado en los tribunales españoles, informa desde Valladolid.

Sáenz de Santamaría se muestra disconforme con la posibilidad de que el Gobierno conceda un indulto si el Tribunal Supremo confirma la sentencia de Málaga: "Me parece impresentable. ¿Quién va a indultar ya a esa mujer en su pueblo, donde las beatas se apartan de su madre en la iglesia y le dejan sola en el banco? ¿Quién va a indultar a sus hijos, señalados por los vecinos?"