Algo más que una Hacienda

W. O. En el País Vasco hay algo más que una Hacienda. Cada uno de los tres territorios históricos cuenta con su propia Hacienda, que depende de las Diputaciones Forales de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa. A ello hay que añadir las competencias transferidas al Gobierno vasco que son gestionadas a través del Departamento de Hacienda, y las que aún conserva el Ejecutivo central.

Un entramado aparentemente complicado, fruto del concierto económico, pero que se traduce en una mayor disposición de pesetas por habitante gestionadas por organismos dependientes de la comunidad autónoma que en cualquier otra parte de España.

Las diputaciones forales son el gran manitú de esta red de administraciones. A ellas les compete recaudar el IRPF, el impuesto de sociedades y parte del IVA, así como dotar presupuestariamente al Gobierno vasco. También tienen competencia para emitir activos financieros (los famosos pagarés forales, por ejemplo, o los afros, activos financieros con retención en origen). A través de estas emisiones, habitualmente más atractivas para el inversor que las lanzadas por el Estado, las diputaciones tienen una fuente de ingresos adicional que les permite aumentar sus inversiones en infraestructuras.

Del Departamento de Hacienda depende el control de las cajas de ahorro, las emisiones de deuda pública (los conocidos como euskobonos), la valoración de las competencias transferidas por el Estado y la negociación con Madrid del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y el llamado cupo vasco.

El cupo, una de las claves del Concierto Económico, es la cantidad que Vitoria paga a Madrid en compensación por aquellos gastos en materias no transferidas a la comunidad pero de las que ésta se beneficia, y en el que se incluye el denominado fondo de solidaridad con las comunidades de menor renta por habitante, que repercute en el FCI. En la actualidad, el cupo está fijado en el 6,24% de estos gastos, por entenderse que la economía vasca significa el 6,24% del total del PIB español.

Las relaciones entre la Hacienda de Madrid y la de Vitoria, entre José Borrell y Alfonso Basagoiti, han sido especialmente llamativas en esta legislatura. Basagolti se ha destacado por la defensa de los intereses autonomistas en temas polémicos: los pagarés forales, la no implantación del NIF obligatorio en Euskadi o la creación de un Banco Central Vasco.

Basagolti asegura que en la próxima legislatura "el Gobierno vasco tiene que tener un banco propio para solucionar problemas de la financiación pública exclusivamente". Basagolti, que ha cambiado la inicial denominación de Banco Central por Banco Público Vasco, recalca que ese banco no está destinado a emitir moneda ni a controlar las reservas porque no tiene competencias sobre ello, pero sí para controlar los coeficientes de las cajas de ahorro, que suponen unos depósitos de 1,5 billones y sobre las que el Gobierno autónomo sí tiene competencias.