La Asamblea evita pronunciarse sobre la prohibición del consumo publico de drogas

J. C. SANZ El Partido Popular (PP) se quedó solo ayer en la Asamblea de Madrid en la defensa de una proposición no de ley para promover la prohibición del consumo de drogas en lugares públicos, así como la sanción administrativa de estos actos. Izquierda Unida, el PSOE y el grupo centrista hicieron frente común para echar por tierra esta iniciativa, aunque sin prejuzgar su buena intencionalidad, por considerar superflua la adopción de una resolución sobre una cuestión que está abordando el Parlamento nacional.

Mientras, el Gobierno regional consiguió retirar del orden del día el proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de la región, para eludir así la enmienda de totalidad del CDS, y a la que previsiblemente se iban a sumar el PP e IU. El Ejecutivo ya tuvo que retirar hace un año un primer borrador de esta ley ante la falta de consenso con los grupos parlamentarios y la frontal oposición del Ayuntamiento de Madrid a someter su Policía Municipal a criterios de selección y ascenso determinados por la Comunidad.

Policía autonómica

La posibilidad prevista en el proyecto de ley del PSOE de que agentes de un municipio puedan actuar también en otra localidad dentro de una especie de derecho de persecución de delicuentes motivó que desde sectores de la derecha parlamentaria se haya denunciado que el Gobierno regional quiera encubrir la creación de una policía autonómica.

Por último, el Gobierno de Joaquín Leguina y el PP llegaron ayer a un principio de acuerdo dentro de la junta de portavoces para retirar sus respectivos proyectos de derogación de la Ley de Solidaridad Municipal, por la que se autorizó un recargo del 3% sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ratifica la legalidad de esta norma resucitó una polémica que los grupos políticos habían dado por cerrada. Sin embargo, el Gobierno regional y la oposición se disputan el protagonismo político sobre la autoría de la derogación del recargo, a siete meses de la celebración de las próximas elecciones autonómicas. La junta de portavoces decidió impulsar una propuesta de derogación por consenso.