La integración europea

La Unión Económica y Monetaria (UEM) se ha visto afectada por acontecimientos hasta hace poco imprevisibles. A la luz de la nueva situación, el autor defiende la propuesta del ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, en la que éste aboga por una mayor precisión en el desarrollo de todo el proceso.

La primera de las tres etapas previstas para el establecimiento de la unión económica y monetaria europea (UEM) se inició el pasado 1 de julio. Tan importante proceso se ha visto, pues, afectado desde su comienzo por dos acontecimientos de singular trascendencia, pero imprevisibles cuando se redactaba el Informe sobre la unión económica y monetaria en la Comunidad Europea (también conocido como Informe Delors). Como el lector habrá imaginado, me estoy refiriendo a la evolución política y económica de los países del centro y el este de Europa, por un lado, y a la situación generada por la invasión iraquí de Kuwait, con sus implicaciones sobre los precios del petróleo, por otro.Es muy difícil identificar los posibles efectos económicos directos que pueden derivarse del primero de los eventos citados. Cabe, sin embargo, pensar en la posibilidad de que la transformación de los países del centro y este de Europa y su apertura hacia Occidente puedan tener algunas repercusiones negativas (junto a otras, sin duda, positivas) en los países menos industrializados de la Comunidad Europea. Y ello, al menos, a través de un doble fenómeno. En primer lugar, por la incorporación al sistema de economía de mercado de países que pueden competir con los menos desarrollados de la CE tanto en la producción de bienes como en la captación de inversiones del resto del mundo. Y en segundo lugar, por la posibilidad de que los esfuerzos de la CE en favor de la cohesión económica y social dentro de la misma tengan que ser compartidos los que se juzguen necesarios para apoyar el proceso de transformación política y económica de los países del centro y el este de nuestro continente.

Los efectos económicos de una fuerte subida del precio del petróleo para los países no productores son conocidos tras las experiencias de 1973 y 1979. Por lo que se refiere concretamente a los países de la CE, es de temer que la consecuencia inmediata de todo ello sea, como mínimo, una disminución en el ritmo de convergencia económica entre los países miembros. Dos son, al menos, los factores que pueden conducir a este resultado. Por una parte, la diferente incidencia que el alza de los precios del petróleo ejercerá en cada uno de los países miembros, dependiendo del grado de dependencia de cada economía, y, por otra, la reducción en la convergencia económica que trae consigo generalmente la propia disminución general del ritmo de crecimiento.

Plazo amplio

Dos conclusiones se desprenden, a mi modo de ver, del análisis anterior. La primera es que los argumentos en favor del establecimiento de un plazo suficientemente amplio para permitir la plena entrada en vigor con carácter general de la UEM, así como de una serie de criterios objetivos para el paso conjunto de una etapa a la otra y de determinados cambios institucionales que presionen en favor de la convergencia económica, se ven hoy reforzados, a la luz de los posibles efectos, en contra de esta última, que pueden derivarse de los acontecimientos antes referidos. Desde esta perspectiva, el principio del paralelismo entre la unión monetaria y la unión económica, recogido en el Informe Delors como uno de los rectores del proceso conducente de la UEM, tiene ahora mayor significación que nunca. Y la propuesta recientemente presentada por el ministro español de Economía y Hacienda (que apela, entre otros argumentos, a dicho principio) aparece por ello muy oportuna, sin que pueda interpretarse como un abandono de las tesis europeístas por parte del Gobierno español. Bien al contrario, dicha propuesta participa de la filosofía enunciada en el tantas veces citado Informe Delors, al tiempo que intenta determinar algunos elementos del proceso hacia la UEM que este documento había preferido no precisar.

La segunda de las conclusiones es la necesidad de reforzar la política de la Comunidad en favor de la cohesión económica y social. Lo cual obliga, en suma, a un aumento de los fondos comunitarios con finalidad regional (tanto subvenciones como préstamos), y posiblemente a una ampliación del campo de actuación de los mismos. Dejando a un lado los problemas de absorción que se puedan presentar en cada una de las regiones o países menos desarrollados de la CE, parece evidente que las circunstancias actuales exigen una actuación de carácter regional más intensa que la inicialmente prevista con motivo de la implantación del mercado interior único.

Ahora bien, la cuestión inmediata que se plantea ante cualquier aumento de recursos para conseguir un objetivo determinado es cómo asegurar la mejor utilización de los mismos. Y sobre este particular, los fondos comunitarios con finalidad regional no deben constituir una excepción. Dos principios deben tenerse en cuenta a este respecto: primero, que el desarrollo regional debe estar basado en la competitividad y, segundo, que ésta no debe apoyarse en devaluaciones agresivas del tipo de cambio nominal de la moneda. Debe recordarse además que el recurso a esta medida, de dudosa eficacia por otro lado, no será posible una vez alcanzada la UEM.

Todo ello conduce a pensar que los esfuerzos comunitarios deben dirigirse a mejorar en los países menos favorecidos los elementos determinantes de la competitividad que no están basados en el valor relativo de las monedas. Por otro lado, la influencia que ejercen los factores determinantes de la calidad de la vida a la hora del establecimiento de nuevas empresas obliga a las regiones y países menos desarrollados de la CE a dedicar recursos crecientes a la mejora del entorno ecológico o, en el mejor de los casos, a impedir su deterioro.

Dando un paso más hacia la determinación del destino de los esfuerzos comunitarios, cabría preguntarse acerca de los sectores más apropiados para ser objeto de los fondos de contenido regional. Y dado que las regiones más desfavorecidas de la CE son la que se sitúan en la periferia, parece lógico proponer como inversiones más adecuadas para estas zonas aquellas que se dirijan hacia industrias donde los costes de transporte, las economías de escala y las economías externas juegan un papel relativamente poco importante. Se trata, en definitiva, de producir aquellos bienes y servicios cuyo. elevado vañor añadido justifique la instalación de la empresa en una zona periférica, a pesar de los mayores costes de transporte que ello pueda comportar.

Descender aún más en el detalle es un ejercicio arriesgado que no eliminaría, por otra parte, el alto grado de generalidad que caracteriza inevitablemente a este tipo de análisis. Permítame por ello el lector limitar las conclusiones de este artículo a destacar la modificación que puede haberse producido recientemente en las condiciones bajo las cuales debe realizarse la UEM. La dinámica en contra de la convergencia económica que puede haberse generado dentro de la CE como consecuencia de dicho cambio refuerza, en mi opinión, los argumentos en favor de la triple necesidad de no dejarse llevar por las prisas en ese proceso (que debe ser emprendido, por otro lado, de manera conjunta por todos los países miembros), de someter cada etapa del mismo al cumplimiento de una serie de condiciones que confirmen la consecución de un grado aceptable de convergencia entre los Doce, y de ir realizando progresivamente una serie de modificaciones institucionales que presionen en favor de esta última. Aparece asimismo necesario intensificar los esfuerzos financieros con finalidad regional para contrarrestar las presiones contra la convergencia económica que hayan podido engendrarse como consecuencia de los acontecimientos mencionados en este artículo. La magnitud de dicho esfuerzo dependerá lógicamente de la medida en que el proceso de convergencia económica de la CE se haya visto afectado negativamente por ellos. Pero, en cualquier caso, puedo asegurar que en esa empresa no ha de faltar el decidido apoyo del Banco Europeo de Inversiones, institución que desde su establecimiento por el Tratado de Roma en 1958 dedica atención prioritaria a fomentar el desarrollo regional en la Comunidad Europea.

es vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones.