El Estatuto de nunca acabar
La tensión autonómica se desplaza en el País Vasco hacia el Tribunal Constitucional
El cumplimiento del Estatuto fue el gran caballo de batalla de los seis primeros años de autonomía en Euskadi. José Antomo Ardanza marcó luego un cambio de estilo. Mejoraron las relaciones con Madrid y llegaron algunos traspasos de servicios. Pese a todo, 11 años después del refrendo popular del Estatuto, su desarrollo sigue siendo difícil y polémico. El conflicto se ha desplazado hacia el Tribunal Constitucional, mientras apunta un nuevo frente de tensión, el de la participación del País Vasco en los poderes del Estado y en la Europa en construcción.
El Gobierno de coalición entre peneuvistas y socialistas echó a andar con buena estrella en 1987. Los engranajes de la comisión mixta de transferencias parecían engrasados como en los mejores tiempos y el diálogo funcionaba. En junio se llegó a un acuerdo para entregar al País Vasco la sanidad pública y los servicios sociales (Insalud e Inserso), una negociación bloqueada desde cuatro años antei por diferencias de valoración económica; en total, 15.000 funcionarios y cerca de 80.000 millones de pesetas de presupuesto.El Gobierno vasco consiguió introducir el criterio de financiación de las nuevas transferencias con arreglo al concierto económico. Eso significa que recibirá cada año el 6,24% del volumen económico que representen en toda España los servicios transferidos. El acuerdo fue posible gracias a la decisión previa de dejar aparcado el resto de la Seguridad Social (recaudación y prestaciones económicas), donde las diferencias entre los dos socios del Ejecutivo son abismales.
Seguridad Social
A la vuelta de las elecciones, el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social volverá a plantearse. Todos los partidos nacionalistas la incluyen en sus programas con la aspiración de que el Gobierno de Vitoria pueda recaudar cuotas y administrar los fondos. Para el PSE, en cambio, la existencia de una caja única estatal es reflejo del criterio de solidaridad y no puede ponerse en juego durante ninguna negociación.La mejora de relaciones en tre el Ejecutivo presidido por José Antonio Ardanza y el Gobierno de Felipe González ha ayudado a encauzar muchos problemas pero no ha eliminado las diferencias. El número de contenciosos no ha disminuido. En los cuatro años de legislatura, el Gobierno vasco presentó 11 recursos de inconstitucionalidad; el Gobierno central, cinco, y el Parlamento autónomo, seis. Entre todos instaron, por añadidura, 63 conflictos de competencia.
La tensión autonómica prin cipal se ha concentrado duran te los cuatro últimos años, no obstante, en el Tribunal Constitucional. La introducción de criterios considerados desfavorables para las autonomías llevó al consejero de Presidencia el peneuvista Juan Ramón Guevara, a solicitar una comparecencia ante la comisión institucional del Parlamento de Vitoria para dar un aldabonazo público.
Guevara cree que la causa de la persistencia de la conflictividad es la falta de participación de las comunidades autónomas en los órganos de decisión política. "Mientras esa participación no se produzca y no haya verdadero diálogo de Estado", concluye, "el Estado de las autonomías no saldrá de la fase de proyecto".
Los nacionalistas han llega do en Euskadi a la conclusión de que la organización autonómica requiere reformar el Estado mediante un cambio drástico del Senado y nuevos procedimientos para determinar la composición del Tribunal Constitucional.
Euskadiko Ezkerra emplea una fórmula parecida a la de los socialistas catalanes y se pronuncia por una reforma en sentido federal del Estado. Eusko Alkartasuna va más lejos y quiere una articulación "cuasi confederal" entre Euskadi y el resto del Estado, con el derecho de autodeterminación reconocido como una especie de cláusula de salvaguarda para los vascos.
Herri Batasuna propone un Estatuto Nacional de Autonomía basado en el reconocimiento de la soberanía de Euskadi. El PNV no se ha pronunciado por una fórmula determinada, pero su presidente, Xabier Arzalluz, está convencido de que falta mucho para completar el Estado de las autonomías tal y como se concibió en la transición.
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