Complaciente acusación

EL TRISTE papel desempeñado por el ministerio fiscal en el proceso sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) ha culminado, por el momento, en una complaciente y confusa acusación provisional contra los policías José Amedo y Michel Domínguez. Puesto en la tesitura de cumplimentar el trámite de calificación provisional de la causa, el ministerio fiscal -esa institución constitucionalmente investida de la tarea de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad"- ha optado por minimizar los hechos indiciariamente constatados, interpretarlos en contra de algunas reglas de la lógica y, en definitiva, despojarlos de elementos que pudieran reforzar la línea de investigación conducente a instancias más altas que las de los procesados.La investigación vertical en el caso Amedo -es decir, aquella tendente a despejar la incógnita situada por el juez Garzón en la cúspide del organigrama de los GAL- se ha revelado imposible en aras de un discutible entendimiento de lo que es la razón de Estado. Pero también la horizontal -aquella que se sitúa en el nivel funcionarial de Amedo y Domínguez- amenaza con diluirse en el camino que conduce al juicio oral. Al menos, la calificación provisional realizada por el fiscal tiene visos de perseguir este objetivo. En su interés por individualizar al máximo los hechos criminales imputados a los inculpados, y por limpiarlos de cualquier sospecha de implicaciones públicas, el ministerio fiscal no duda en hacerlos ininteligibles, contraviniendo el elemental sentido común.

Así, obligado a reconocer la acción criminal de Amedo y Domínguez -los hechos sumariales son los hechos-, se ausenta de enmarcarla en la actividad de los GAL, aunque tal actitud conduzca a admitir la existencia de una innominada y desconocida banda armada exclusivamente integrada por los dos policías. Y todo ello aunque tenga que pasar por encima de las evidencias que constan en el proceso: que los hechos delictivos de que son acusados Amedo y Domínguez -entre otros, seis asesinatos frustrados y otro consumad,o- fueran reivindicados en su día por los citados GAL, y que los métodos de reclutaniíento y financiación de mercenarios utilizados por aquéllos coincidan al dedillo con los propios de la banda armada. El núnisterio fiscal admite una coincidencia temporal entre los actos criminales de unos y de otros, pero nada más.

Esta peculiar lógica consistente en aceptar los hechos, pero atenuarlos al límite, se manifiesta con especial relevancia ante la imputación del asesinato de Juan Carlos García Goena, español residente en Francia y absolutamente ajeno a ETA: el fiscal exonera de tal delito a Amedo y Domínguez por no considerar fundamentado el testimonio de la antigua novia del segundo, pero al mismo tiempo les imputa un delito de coacciones por intentar que ésta no prestara dicho testimonio ante el juez.

Sin duda, donde el ministerio fiscal tiene la razón -aquí, la lógica y el sentido común vuelven por sus fueros y la evidencia se impone- es en su afirmación de que las conductas de los dos funcionarios encausados "dañaron la imagen del Estado español y de la policía". Pero, con ser ello grave, más lo es que el ministerio fiscal, con su actitud en la investigación, y los responsables de Interior, con su oposición a que los jueces indagasen sobre los fondos reservados, nada hiciesen por restaurarlas.

En todo caso, la última palabra sobre el caso Amedo no se dirá hasta el momento del juicio oral. El tribunal que ha de juzgar el caso -distinto del que tiró la toalla en la investigación de los fondos reservados- no sólo deberá tener en cuenta la tibia acusación del fiscal; también deberá analizar las acusaciones particulares y, en general, todos los datos que obran en el sumario del juez Garzón.