Cuesta estima "lo más lógico" que el Congreso autorice juzgar a Sanchis

Álvaro Cuesta, diputado socialisia que preside la Comisión del Estatuto del Diputado -a la que corresponde emitir un dictamen previo al pronunciamiento del pleno sobre la autorización al Tribunal Supremo para inculpar a un miembro de la Cámara Baja-, declaró ayer a EL PAÍS que "lo más lógico es que se conceda el suplicatorio contra Ángel Sanchis" (del PP). Cuesta calculó que el Congreso tardará en decidir sobre la petición del Supremo, que abre el camino para que se celebre juicio oral por el caso Naseiro, "un mes desde que el suplicatorio entre en la Cámara".El presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado explicó que "lo primero que se hará es oir a Sanchis, si él desea pronunciarse sobre el suplicatorio". Más tarde, la Comisión del Estatuto del Diputado decidirá proponer al pleno la denegación o concesión de la autorización solicitada. Cuesta recordó que tanto el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Josep Beviá, como él mismo ya declararon que el caso Naseiro "es un supuesto típico de conducta ajena a la función parlamentaria".

"Un caso clásico de concesión"

En mayo último todos los portavoces de los grupos parlamentarios, incluído el del PP, consideraron que se trataba de "un caso clásico de concesión de la autorización", según Cuesta, quien declaró que, "en principio, la línea de la comisión es que sólo se deniegue el suplicatorio en cuestiones.de opinión o expresión vinculadas al ejercicio de la función parlamentaria, y se conceda en todos los demás, cuando las conductas tengan una transcendencia privada desde el punto de vista civil o penal".Para Cuesta, estos criterios están inspirados en la doctrina del Tribunal Constitucional, "que es muy restrictiva", afirmó, "en materia de inmunidad parlamentaria". El diputado socialista puntualizó que "otra cosa sería que tras la acción judicial existiera un móvil político, circunstancia que, en este caso", dijo, "no parece producirse". La denegación del suplicatorio se produce cuando no se contesta al Supremo en el plazo de dos meses.