320.000 millones es el coste de la sentencia que reconoce pagas extras a los parados, según la Administración

La sentencia del Tribunal Supremo que anula varios artículos del real decreto de protección al desempleo obliga al Instituto Nacional de Empleo a pagar 200.000 millones de pesetas a los parados con subsidio asistencial por pagas extras no cobradas, según la evaluación de CC OO, promotor del recurso. Los primeros cálculos de la Administración indican que los atrasos de los cinco últimos años ascienden a 250.000 millones de pesetas, y el coste adicional del subsidio hasta finales de 1991, otros 70.000 millones. El sindicato ha pedido a Trabajo que devuelva de oficio ese dinero y en caso contrario canalizará las reclamaciones individuales de los afectados.

La central asegura que son cuatro millones de personas, unas en activo y otras todavía en paro, las afectadas por los puntos de la sentencia del Supremo que anulan los artículos 7.1 y 8.4 del reglamento de protección al desempleo y que establecen, en consecuencia, que el importe del subsidio será el 75% del salario mínimo, incluidas las pagas extraordinarias.Ello supone que el subsidio en la actualidad debe incrementarse en 6.166 pesetas mensuales, en el caso de que se opte por prorratear las dos pagas extras en doce mensualidades. Los atrasos de los últimos cinco años ascienden a 131.000 millones de pesetas para los trabajadores del régimen general y 40.000 millones para los jornaleros del régimen agrario.

Esas cantidades afectan solamente a los perceptores del subsidio asistencial ya que los parados con prestaciones contributivas sí perciben las cantidades correspondientes a pagas extraordinarios prorrateadas en 12 pagas anuales.

En esos cálculos realizados por CC OO no se incluyen, por carecer de información del Inem, los efectos económicos que tendrá la aplicación de otros puntos del fallo judicial. Se trata de los beneficiarios potenciales a los que se les ha denegado el derecho a percibir subsidio asistencial por poseer recursos individuales superiores a 12 pagas anuales e inferiores a 14; los emigrantes retornados; los afectados por prestaciones contributivas no consumidas y que pueden ser acumuladas en periodos posteriores de desempleo; y las personas que han estado en la cárcel menos de seis meses.

El contenido de la sentencia, que anula artículos del decreto porque entran en contradicción con la propia Ley de Protección al Desempleo, exige la modificación de la norma y la renegociación de la cobertura del desempleo, según la dirigente de Comisiones Salce Elvira.

La central ha enviado a Álvaro Espina, en su calidad de presidente del Consejo General del Inem, una carta en la que solicitan que, al existir un importante colectivo perjudicado, se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que el Inem pague de oficio los atrasos de los cinco últimos años. Se sugiere que se haga, bien a través de una orden ministerial, o por una instrucción administrativa interna en la cual se ordene a las direcciones provinciales del Inem que se comunique individualmente a todos los perceptores del subsidio el pago de las diferencias.

El Ministerio de Trabajo aún no ha dado una respuesta porque sus servicios jurídicos estudian, desde el viernes pasado, las consecuencias del fallo. Los primeros cálculos económicos de la Administración indican que los atrasos de los cinco últimos años suponen 250.000 millones de pesetas y el coste adicional del subsidio hasta finales de 1991 otros 70.000 millones.

En el caso de que no se actúe de oficio, CC 00 está dispuesta "a garantizar que no quede ningún trabajador sin cobrar". Para ello, y dando de plazo un mes, pondrá a -disposición de los afectados todos los mecanismos jurídicos e informáticos para que puedan presentar reclamaciones individuales.