Crudo escenario

EL DESARROLLO del conflicto del golfo Pérsico tiene su reflejo en un precio del petróleo que se distancia desfavorablemente de los escenarios en que se basan las respuestas de política económica en la mayoría de los países. Las previsiones que acaba de hacer públicas el Fondo Monetario Internacional para el conjunto de los países industrializados, sobre la base de un precio del barril de petróleo de 25 dólares durante lo que resta de año y de 21 a finales de 1991, reduce a la mitad la tasa media de crecimiento registrada en los últimos años. Al término de esta semana, el barril de la modalidad brent para entrega inmediata cotizaba a 37 dólares. No es necesario situarse en hipótesis extremas -el Banco Mundial ha estimado que el barril de crudo podría alcanzar 65 dólares si estallara la guerra- para considerar como probable un precio medio en los dos próximos años no inferior a 30 dólares el barril. Un precio que también resta virtualidad a los escenarios anticipados por las autoridades económicas españolas.El impacto sobre el crecimiento de la economía española de esa mayor factura energética se añade a los síntomas de desaceleración, previos al conflicto del Golfo, de que dan cuenta recientes indicadores económicos. A la ligera moderación en el crecimiento del consumo privado se incorporan exponentes de un menor crecimiento en la inversión, tales como los descensos experimentados en el índice de producción indu

trial de bienes de equipo y en la tasa de crecimiento de importaciones del mismo tipo de bienes o las valoraciones deducidas de las opiniones empresariales. Por otra parte, los indicadores relativos al sector de la construcción tampoco permiten deducir el mantenimiento de las intensas tasas de crecimiento alcanzadas hasta hace pocos meses. Esos síntomas recientes de enfriamiento de la economía española no han estado acompañados de una, igualmente observable moderación de nuestros desequilibrios básicos -inflación y déficit exterior-, sobre los que se dejarán sentir los efectos de la crisis energética actual.Las actuaciones de política económica que las autoridades españolas parecen dispuestas a instrumentar -como respuesta específica al incremento en el precio del crudo- están expresamente destinadas a aminorar su impacto adverso sobre el nivel de precios y el déficit comercial, aun a costa de reducir el crecimiento de la economía. Independientemente de su definitiva concreción, hoy todavía sin definir, su orientación es globalmente correcta. Mantener el carácter restrictivo de la política monetaria y reducir el potencial expansivo de la política presupuestaria eran antes del 2 de agosto -fecha del inicio de la crisis del Golfo- exigencias de la economía española acordes con las de las principales economías europeas. Es cierto, por tanto, que con el ajuste anunciado el Gobierno español no hace otra cosa que reforzar sus terapias enfriadoras, dotando de consistencia a la mezcla de políticas monetaria y presupuestaria, es decir, obligar a que el marcado carácter contractivo de esta última atenúe las tensiones generadas por aquélla. Más dificil será conseguir similares propósitos restrictivos en la aplicación de la política de rentas.

El mayor peso del ajuste otorgado a la política presupuestaria, y dentro de ésta a las reducciones en el gasto público, tiene sus principales obstáculos en la elevada concentración de éste y en los compromisos asumidos por el Gobierno con los sindicatos en las asignaciones a pre staciones sociales. La importancia de este último aspecto en el proceso de concertación social, y, en consecuencia, en la viabilidad de la política de rentas prevista por el Gobierno, no permite descartar incrementos en la imposición que garanticen esa cobertura. Junto a ello, hay que confiar en que el borrador de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ultimará en el próximo Consejo de Ministros incorpore una mayor eficacia recaudatoria, hoy tanto más necesaria cuanto más solidario ha de resultar el esfuerzo que el ajuste propuesto exige. Este tipo de actuaciones, y las encaminadas a reducir las ineficiencias de nuestro sistema económico, incluida la energética, son las que deberán completar la credibilidad que las terapias macroeconómicas precisan, en un momento en el que la del propio Gobierno no está en sus cotas más elevadas.