Aylwin ordena la devolución de una faraónica mansión construida por Pinochet
El Gobierno del presidente Patricio Aylwin ordenó al Ejército chileno que devuelva una faraónica mansión construida por el ex dictador Augusto Pinochet como casa presidencial. La residencia, conocida como Lo Curro por el sector donde está ubicada, uno de los barrios más caros de Santiago, tuvo hace seis años un coste de 14 millones de dólares. Debido a las críticas que despertó su construcción, Pinochet jamás pudo usarla; poco antes de dejar la presidencia traspasó la casa al Ejército, que la usa como un club para oficiales.
La devolución de la mansión de Lo Curro ha sido un punto tenso en la relación entre el Gobierno y el Ejército, cuya temperatura llegó en estos días a un nivel insoportable, según una revista de derechas. Cuando el ministro de Defensa, Patricio Rojas, expuso el deseo del Gobierno de recuperar esta casa, Piáochet, el actual jefe del Ejército, exclamó desafiante: "Que vayan a sacarnos".En una carta posterior a Aylwin, Pinochet aceptó entregar la residencia si ésta era usada para el fin con el que supuestamente fue construida, es decir, como mansión presidencial. En cambio, si la casa fuera usada con otros fines, sería un agravio pára el Ejército, dijo el general.
Aunque el Gobierno no ha dicho para qué usará la casa, está claro que Aylwin no vivirá en ella. En 1984, cuando la prensa opositora al régimen militar denunció la fastuosa mansión, construida con sumo sigilo, Aylwin la consideró "un inaceptable derroche faraónico" y dijo que "la transformaría en sanatorio o algo así".
Visible desde muchos lugares de Santiago, la casa tiene 5.000 metros cuadrados construidos y 68.000 metros cuadrados de jardines, cuatro pisos, bunker, canchas de tenis, piscina, multicancha y tres invernaderos, entre otros aditamentos.Orden de detención
No es éste el único elemento de tensión: un juez ordenó detener al general del Ejército en retiro Alejandro Medina, en su domicilio, después de que el Gobierno se querellara en su contra por injurias. Medina, muy cercano a Pinochet, acusó de "hipócrita" a Aylwin por concurrir al funeral del ex presidente Salvador Allende, derrocado por el ex dictador.Otra arista en la relación entre civiles y el Ejército son los cheques, por el equivalente a 3,1 millones de dólares, pagados por el Ejército a Augusto Pinochet Hiriart, hijo del jefe de la institución militar. La explicación del alto mando, ante la investigación solicitada por la, Cámara de Diputados, sostuvo que Pinochet Hiriart recibió los cheques como representante en calidad de mandatario de los dueños de una fábrica de fusiles, vendida por éstos al Ejército.
La citación de Aylwin a Pinochet para una reunión el jueves, día 20, en el palacio presidencial, tuvo, sin embargo, otro motivo: las insólitas declaraciones de Pinochet atacando al Ejército de la República Federal de Alemania (RFA). La presión del Gobierno de la RFA, que no dio por superado el incidente con las explicaciones de Pinochet, hizo inevitable a Aylwin citar a Pinochet.
El Ejército se considera acosado por el Gobierno. Dos semanarios anticiparon la posibilidad de acuartelamiento de tropas si prosigue lo que el Ejército considera como ataques contra Pinochet. El ministro del Interior, Enrique Krauss, dijo que un acuartelamiento "sería un exceso de nerviosismo que no se justifica".
El Gobierno de centro izquierda ha recibido críticas desde ambos extremos por su manejo del tema militar. La derecha ha acusado al Gobierno del presidente Aylwin de intentar remover a Pinochet y democratizar el Ejército; por su parte, el partido comunista ha reprochado a las autoridades de ser contemplativas ante el ex dictador.
El camino del desgaste, y no el de un ataque frontal, ha sido la táctica gubernamental. "Cada día que pasa se fortalece la democracia y se debilita Pinochet", sostuvo recientemente un alto dirigente de un partido del Gobierno. Es ésta una línea marcada por el pragmatismo: el Gobierno de Aylwin no puede imponer su voluntad en el Congreso, y la transición parece carecer de la fuerza requerida para juzgar a quienes violaron los derechos humanos.
