El Gobierno pide apoyo a los sindicatos para un ajuste económico por la crisis del Golfo

El presidente del Gobierno, Felipe González, manifestó ayer en televisión que el Ejecutivo hará un "llamamiento serio" para adoptar una política eficaz de moderación de rentas, salarios y precios, con el fin de paliar las consecuencias económicas de la crisis del Golfo. El Consejo de Ministros decidió adoptar medidas de "precaución rigurosa", aprobar "unos presupuestos duros y restrictivos" para 1991 y pedir la colaboración de los sindicatos para aplicar un plan de ajuste. El Ejecutivo ha revisado al alza el objetivo de inflación, que será un punto superior a lo previsto, elevándose al 6,7%.

Ayer, por primera vez en los últimos años, el Gobierno planteó la necesidad de realizar, un ajuste en la economía española. Hasta ahora, el enfriamiento suave era el hilo conductor para moderar el crecimiento económico y reducir la inflación y el déficit exterior, sin producir daños irreparables en el empleo. Pero el informe presentado por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, sobre las consecuencias de la crisis del Golfo -que contempla un precio para el barril de petróleo de entre 23 y 25 dólares- ha hecho que el Ejecutivo cambie de escenario y decida endurecer la política económica.El presidente dijo ayer que no está dispuesto a que España pase por la misma situación que hace 15 años, durante la primera crisis del petróleo, .cuando por una falta de decisión del Gobierno estuvimos pagando un extraordinario precio". Añadió que si se quiere compensar la pérdida de renta global que' ha supuesto para todos la subida del precio del petróleo a través de aumentos de retribuciones, bien sean salarios o beneficios empresariales, "lo pagaremos en empleo y crecimiento".

Para el presidente, el objetivo es mantener razonablemente el volumen de empleo y crecimiento por lo que hará un llamamiento "serio" a una "política eficaz de moderación de rentas, salarios y precios".

Rosa Conde, explicó tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno había decidido situarse en el más pesimista de los escenarios posibles "por precaución". Las medidas a adoptar para hacer frente a la crisis del Golfo serán de "precaución rigurosa" para estar preparados en caso de un agravamiento del conflicto. Aunque, si la situación se destensa luego "se podría abrir la mano".

Por ello, los Presupuestos del año 1991, que el Gobierno aprobará antes de octubre, "serán duros" y "más restrictivos de lo previsto", con un moderado crecimiento del gasto público y un endurecimiento de la política fiscal y monetaria.

Rosa Conde descartó que este ajuste, todavía pendiente de decisión en las cifras concretas, obedeciera a que las medidas de enfriamiento suave adoptadas a lo largo del último año no hayan dado los resultados esperados en la reducción de la inflación y del déficit exterior. La ministra negó que la crisis del Golfo haya sido la disculpa parla llevar adelante un ajuste económico, necesario por razones anteriores al conflicto.

Para este ajuste, el Gobierno pedirá el apoyo de las centrales sindicales en un nuevo intento de concertación social centrado en la política de rentas (acuerdo salarial), aspecto que ya ha sido rechazado por UGT y CC OO cuando la propuesta era la de un pacto de competitividad. A pesar de ello, Conde anunció que los ministros sectoriales -Economía y Trabajo- se pondrán en contacto con las centrales sindicales durante la primera quincena de septiembre.

Nada más conocerse esta propuesta, UGT la rechazó porque "no es justo que se exija un nuevo sacrificio, ya que en época de bonanza el reparto es para los de siempre y en época de crisis se acude a los trabajadores", explicó Antón Saracíbar. En su opinión, "los salarios deben crecer en tasas reales porque los trabajadores no son culpables ni de la inflación ni de la falta de competitividad".

El Gobierno tiene además en cartera medidas de restricción energética (Véase EL PAÍS del 24 de agosto), para el caso de un agravamiento del conflicto. Estas medidas van desde la "persuasión moral" hasta la "imposición forzosa" y consistirán en la reducción de la velocidad en las carreteras, restricciones en el uso de la calefacción, etcétera.