Siniestra decisión

ASISTIMOS A una escalada en las medidas del Gobierno de Bagdad contra los extranjeros que, por unas u otras razones, se encontraban en el territorio de Irak o de Kuwait en el momento de la invasión de este último. Primero se cerró la frontera y se les prohibió retornar a su país. El jueves, las autoridades de B agdad dieron orden a los británicos y- norteamericanos -unos 5.000, los primeros, y 3.000, los segundos- de concentrarse en determinados hoteles. Disposición gravísima, porque es el primer paso para poder utilizarlos como rehenes, en violación de las normas universalmente aceptadas del derecho internacional. Aunque, en principio, esta medida no afecta a los españoles - 184 personas, según las declaraciones del ministro Fernández Ordóñez-, representa también para ellos una amenaza potencial: mientras se les impida salir están a merced de las decisiones arbitrarias de unas autoridades que no respetan los principios humanitarios más elementales.Pero las declaraciones hechas el sábado pasado por Sadi Mahdi Salí, presidente del Parlamento de Irak, y confirmadas ayer por el portavoz de Sadam, Husein, superan todo lo que se podía temer. Ha anunciado que los ciudadanos de "países hostiles" serían "alojados" en centros militares, bases aéreas, refinerías y otras instalaciones estratégicas, y que tales medidas se prolongarían hasta que Irak tenga garantías serias de que ya no está amenazado. No se trata sólo de rehenes. Tal medida equivaldría a convertir a los extranjeros en escudos vivientes. Un chantaje macabro con vidas inocentes. Incluso con lade los niños, según la expresa referencia del portavoz irakí. Una vez más, Sadam Husein, que ya se ha destacado por su utilización de gases asfixiantes, quiere intimidar con métodos de una crueldad casi nunca alcanzada.

Por otra parte, las medidas represivas no se limitan a los europeos o norteamericanos. En Kuwait e Irak viven unos dos millones de asiáticos y africanos, a la mayor parte de los cuales se les prohíbe retornar a sus países de origen. Ya se ha producido una protesta del Gobierno filipino por el trato absolutamente intolerable al que son sometidos sus ciudadanos. De esta manera, Irak pretende presionar a numerosos Gobiernos para que no respeten el embargo decidido por las Naciones Unidas, cuya eficacia depende en gran medida de que se aplique universalmente.

Aunque Sadam Husein gradúa sus medidas para reforzar su imagen de cruzado antioccidental, éstas exigen una respuesta no sólo de los Gobiernos más afectados, sino del conjunto de la comunidad internacional. Está en juego la vida de miles de personas. Y además, normas básicas elementales de civilización y de derecho están siendo pisoteadas. No es tolerable que un país pueda recurrir a salvajadas que recuerdan las épocas más negras de la historia.

Ante esta situación, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado el sábado pasado una resolución exigiendo al Gobierno iraquí que autorice la salida de los extranjeros, permita que éstos sean visitados por los funcionarios consulares y renuncie a cualquier medida que pueda causarles daño. La resolución invoca el capítulo VII de la Carta -dedicado a las sanciones contra los agresores-, lo cual indica una voluntad de tomar otras medidas de presión si Irak no tiene en cuenta la demanda. Siendo lo más significativo que la resolución haya sido aprobada por unanimidad, incluso por Cuba y Yemen, que se abstuvieron en la condena inicial de la agresión iraquí.

No será fácil que esta resolución tenga todos los efectos deseables. Pero es fundamental asegurar en este caso el máximo protagonismo de la ONU. Y no sólo. en este caso. A medida que la situación se hace más amenazadora, todos los Estados -incluso EE UU y el Reino Unido- deberían ayudar a que la ONU, que garantiza acciones de ámbito universal, asuma también el mayor protagonismo en la aplicación del embargo.