El PP solicita la realización de auditorías en todo el sector público de la Comunidad

El Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid ha solicitado la realización de auditorías en las empresas y entidades públicas regionales porque, según aseguró ayer, el sector público autonómico tiene en la actualidad una deuda de 104.879.371.366 pesetas (incluyendo los créditos a corto y largo plazo, así como la deuda permitida en la Ley de Presupuestos de 1990), que significa un aumento en más del 23% de la deuda de 1988.Partiendo de estos datos, incluidos en un informe realizado por el PP, su portavoz en materia de presupuestos y hacienda, Antonio Beteta, declaró que "el nivel de déficit acumulado es alarmante, ya que la Comunidad de Madrid ha endeudado al sector público por encima de los límites razonables, cuando es más necesario dotarle de capital para llegar a la autogestión".

En este sentido, dijo que el alto endeudamiento de las empresas públicas madrileñas hipoteca el futuro de la Comunidad. Para Beteta, "no es razonable que sólo en el año 1989 la Comunidad haya tenido que pagar más de 5.000 millones de pesetas por los intereses de las deudas de sus empresas públicas".

Según el informe del PP, el Canal de Isabel II tiene un endeudamiento de más de 20.000 millones de pesetas, mientras que la deuda del Metro supera los 61.000 millones. El Canal pagó en 1989 más de 1.045 millones de pesetas en concepto de intereses, y el Metro, más de 4.000 millones por este mismo motivo.

Para buscar soluciones a esta situación, el PP exige la inmediata realización de auditorías a todas las empresas y entidades públicas para proceder al inmediato saneamiento y a un cambio en la. forma de gestión de las mismas, para ajustarse al principio de eficacia en el gasto.

Reforma fiscal

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) considera que la reforma fiscal del IRPF y Patrimonio en lo relativo a la vivienda dificulta el desarrollo del artículo 47 de la Constitución, por el cual "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", según informa la agencia Servimedia.

En un comunicado difundido hoy, José Luis Martín Blanco, portavoz de Asprima, reclama una política a largo plazo que incluya, además del estímulo fiscal a la vivienda de alquiler, la canalización de ayudas fiscales personalizadas. A su juicio, estas ayudas deberán concederse en función de las características socieconómicas del usuario.