Más de 40 miembros de ETA han salido de prisión por indultos o libertad condicional en el último año

Más de 40 miembros de ETA condenados, en su inmensa mayoría pertenecientes a la rama militar, han salido de prisión en el último año mediante la concesión de indultos y de la libertad condicional. Una cifra similar de internos disfruta de las ventajas del régimen abierto. Según fuentes nacionalistas, la nueva política penitenciaria que inició el Ministerio de Justicia en mayo de 1989 con la dispersión de los etarras encarcelados, además de romper la resistencia de los milis a la fórmula de la reinserción, está haciendo perder a la organización terrorista el rígido control que mantenía sobre sus presos.

En la reunión celebrada por el Consejo de Ministros el 27 de julio, la última antes de que el Gobierno iniciara sus vacaciones, se aprobó la concesión del indulto a tres presos de ETA. Sin embargo, la ministra Portavoz, Rosa Conde, como ha sucedido en otras ocasiones, no informó de este acuerdo a los medios de comunicación, lo que denota la reserva con la que el Gobierno conduce su estrategia en las prisiones.La excarcelación o la aplicación de beneficios penitenciarios a reclusos de la organización terrorista con condenas no graves va a experimentar un importante impulso en el último trimestre del año, según las fuentes consultadas por EL PAÍS. El Ministerio de Justicia y la dirección general de Instituciones Penitenciarias, cuyo titular, Antoni Asunción, lleva directamente el frente carcelario de la lucha contra ETA, han rehusado hacer cualquier tipo de comentario sobre la cuestión.

El nuevo enfoque de la política penitenciaria se decidió el pasado año, de forma coordinada entre los ministerios de Justicia e Interior, ante el fracaso de la reinserción social con los presos de ETA militar. La fórmula pactada en 1982 por el último ministro de Interior de la UCD, Juan José Rosón, y el dirigente de Euskadiko Ezkerra, Marlo Onaindia, para dar una salida colectiva a los presos y a los activistas de la disuelta ETA político-militar apenas tuvo éxito entre los milis.

Una vía neutralizada

Su asimilación a "arrepentimiento" y "traición", y el férreo control que mantenía sobre sus miembros encarcelados la dirección de la banda armada, a través de grupos afines, como las Gestoras pro Amnistía restó eficacia a la reinserción en el colectivo de ETA Militar. Sin embargo, el principal elemento que neutralizó esta vía de pacificación fue el asesinato disuasorio de María Dolores González Cataráin Yoyes, la ex dirigente de la organización asesinada en 1986 tras acogerse a ella y regresar al País Vasco.

En consecuencia, el Gobierno decidió diversas medidas para romper la cohesión de las comunas de etarras, encomendada generalmente a los presos con mayores condenas, y obstaculizar la entrada y salida de consignas de la dirección de ETA. Al desmantelamiento de las comunas mediante la dispersión de los presos antes concentrados en Alcalá Meco y Herrera de la Mancha -los más duros fueron enviados a los centros penitenciarios más alejados geográficamente-, siguió su recl asific ación, aplicándoseles automáticamente, como si se tratara de reclusos normales, los beneficios contemplados en el reglamento penitenciario.

Desde el verano pasado, más de 40 presos etarras -un 10% del colectivo compuesto por alrededor de 460, de los que aproximadamente 150 están pendientes de juicio- han salido de las cárceles por la concesión de medidas de gracia extraordinarias (indulto), o de la libertad condicional por haber cumplido tres cuartas partes de su condena. En algunos casos, estos beneficios se han concedido sin haberlo solicitado los interesados y sin que hicieran renuncia formal a la lucha armada, pero después de un cuidadoso seguimiento por parte de Instituciones Penitenciarias que certificaba la irreversibilidad del alejamiento del penado de sus antiguas actividades delictivas.

Por otro lado, cerca de medio centenar de reclusos de ETA disfrutan actualmente de las ventajas del régimen abierto o tercer grado en cárceles del País Vasco y sus proximidades. Alrededor de 25 se encuentran en Martutene (San Sebastián) y Nanclares de la Oca (Álava) y otro contingente algo inferior se reparte entre las prisiones de Basauri (Vizcaya), Pamplona, Logroño y Burgos. Estos presos abandonan diariamente la prisión por la manana para trabajar y regresan por la noche para dormir, excepto la noche del sábado, que pueden pasarla fuera. Varios ayuntamientos vascos tienen contratadas temporalmente a estas personas, han informado fuentes nacionalistas.

Sin reincidentes

Otro importante grupo, superior al centenar de presos con condenas en firme, se encuentran en segundo grado, una clasificación que les permite disfrutar de permisos y reducir condena por trabajo o estudio. En el tiempo que se lleva aplicando esta política, no se ha registrado ningún caso de reincidencia. Asimismo, ninguno de los reclusos que ha salido de permiso o disfrutan del régimen abierto han aprovechado la oportunidad para fugarse. Personas conocedoras de la situación en las cárceles observan que esta política ha conseguido abrir una brecha importante en el tutelaje de ETA sobre sus presos, y que cada vez son más los que, abiertamente o de forma discreta, solicitan acogerse a los beneficios penitenciarios, desobedeciendo las consignas de la organización.

"En ETA y en sus organizaciones satélites se nota bastante desconcierto y nerviosismo, porque se dan cuenta de que el colectivo de presos se le escapa de las manos. Ven que la gente sale y no saben si, como dicen algunos presos, han quedado en libertad por una maniobra insidiosa del Gobierno, o porque, desobedeciendo sus rígidas instrucciones, se han buscado una salida individual", señalan dichas fuentes.

Con el argumento de que hacerlo supondría poner en peligro su vida, el Gobierno se ha negado reiteradamente a facilitar datos sobre los presos acogidos a beneficios penitenciarios. Ni siquiera se los ha entregado a parlamentarios. El diputado del PP, Federico Trillo, llegó a dirigirse al presidente del Congreso para intentar vencer, sin éxito, el hermetismo de Justicia.

El Gobierno tampoco ha desmentido a aquellos ex presos que, una vez en libertad, dijeron que no habían pedido el indulto y que éste formaba parte de "una campaña de intoxicación", con el fin de tratar de crear fisuras entre los presos. Así lo afirmaron siete de los nueve etarras excarcelados a primeros de febrero. El ministro Múgica se limitó a replicar que habían recibido amenazas y que se encontraban "bajo el síndrome de Yoyes".