Hasta que los mares sean libres

Ondárroa vive del mar. Ésta es probablemente la única afirmación no sujeta a polémica entre las partes implicadas en un conflicto pesquero que de vez en cuando acaba en enfrentamientos armados en aguas del golfo de Vizcaya. El último se saldó el pasado martes con 15 heridos, uno de ellos gravísimo, ciego, según se supo ayer, sábado. Las autoridades comunitarias abogan por el respeto a la legalidad, que incluye licencias, plazos y zonas acotadas. Los ondarreses han optado por trabajar al día, salir a la mar con o sin permiso, aguantar como sea hasta que las aguas sean libres, allá por el año 2003, y cargar, cuando no quede más remedio, con las consecuencias de los encuentros con la Armada francesa.

"¿Lo de los gabachos? Eso sólo pasa de vez en cuando". La respuesta es de un joven de Pasajes (Guipúzcoa) cuando se dispone a embarcar en el principal puerto pesquero de Vizcaya, a menos de 48 horas de los incidentes que culminaron con el apresamiento del Monte Alen a principios de esta semana. La sensación de que los choques son un riesgo ocasional resume la filosofía de un pueblo de 11.000 habitantes volcado para su supervivencia en el monocultivo del mar.Ochenta y seis buques de altura, según el censo de 1989, tienen su base en este puerto, activo desde el siglo XIV. Apenas 55 se encuentran en la "lista de los 300" con permiso para faenar en los caladeros de otros países de la Comunidad Europea (CE), pactada entre las autoridades españolas y las comunitarias. E incluso ese medio centenar tiene limitada su actividad a unos plazos y unas zonas determinadas.

Para el alcalde, Lorenzo Arkotxa, elegido en las listas de Herri Batasuna (HB), la actual situación es traumática para sus convecinos. "Fueron nuestros padres y nuestros abuelos quienes desarrollaron las potencialidades de estos mares y abrieron los mercados a sus productos", señala Arkotxa, "y ahora una mala negociación para la entrada en la CE nos ha arrebatado los derechos sobre esas aguas".

El edil ondarrés cree que toda la población se ve abocada a mantener lo que considera un derecho histórico sobre sus caladeros tradicionales porque depende exclusivamente de la mar. Arkotxa se queja de "la llegada cada día de más y más camiones cargados de pescado por la puerta de atrás de Hendaya, para competir en un mercado que nosotros hemos abierto".

José Ramón Aranzamendi, presidente de una de las asociaciones de armadores de la localidad, frunce el ceño para explicar: "Aquí no hay más salida que el mar, es una necesidad vital, salta a la vista, y habrá que seguir faenando cueste lo que cueste, hasta que nos maten".

Doble discriminación

Para Aranzamendi, el suyo es un pueblo doblemente discriminado. "En primer lugar", explica, "por el periodo transitorio que aceptó el Gobierno español en la negociación con la CE, y que significa una situación de inferioridad frente al resto de los países. Y además estamos pagando una política ministerial que permite a algunos barcos acceder con más ventajas que otros a los caladeros comunitarios".

Los pesqueros de altura españoles siguen sufriendo el sistema de licencias, unas concesiones cuya finalidad fue en un principio que los 300 buques con permiso para faenar en aguas de la Comunidad lo hicieran por turno, nunca más de 150 simultáneamente. De esta forma pescarían menos tiempo, pero podrían hacerlo todos.

Desde 1986 estos derechos de pesca han sido comprados, vendidos, alquilados y sometidos a un mercado que, sin ser ilegal, ha dado un vuelco en la situación inicial. En los dos puertos vascos de altura existe una situación contradictoria. En el guipuzcoano de Pasajes el número de derechos de pesca supera ampliamente el de buques. En Ondárroa sucede justamente lo contrario. Los de Pasajes estiman que este puerto se ha sometido a una reconversión durísima para conseguir adaptar la flota a las exigencias europeas.

En Ondárroa creen que el mercado negro de permisos les ha dejado en situación desfavorable. En aparente contradicción con las vacas flacas que se avecinaban, en el puerto de Vizcaya la flota se ha incrementado en la última década, en parte por la compra a bajo precio de los buques sobrantes en el puerto competidor.

Todas las partes en conflicto, armadores y administraciones, tienen algún pecado que confesar, por acción u omisión. Los arrantzales, como se conoce en el País Vasco a los pescadores, están de acuerdo al menos en algo. El periodo transitorio y el sistema de restricciones y licencias que lleva aparejado, previsto hasta el año 2003 si no se revisa, es atípico y discriminatorio, y es fruto de una mala negociación llevada a cabo por el Gobierno español.

"La libertad de acceso a los caladeros consagrada en la política azul europea no se aplica en el caso de España", subraya Isidoro Etxebarría, gerente de la Asociación de Armadores de Ondárroa. Su presidente, José Ramón Aranzamendi zanja la cuestión con una frase lapidaria: "No es que el tratado sea el problema fundamental, es que es el único problema".