Políticos andaluces declararán sobre el 'blanqueo' de dinero

Varios políticos andaluces tendrán que prestar declaración el próximo mes de septiembre ante el juez de Sevilla que instruye el caso Juan Guerra, Ángel Márquez Romero, en relación con presuntos delitos de blanqueo de dinero negro, según han informado a este periódico fuentes próximas a la investigación.Las citadas fuentes prefieren no revelar los nombres de estos políticos "para evitar que preparen coartadas al saber que están siendo investigados" por la Policía Judicial de Sevilla que actúa bajo las órdenes del juez Márquez. "Son importantes personajes políticos de la vida pública andaluza, algunos de ellos residentes en Sevilla, y ya han sido citados para declarar", matizan las fuentes informantes.

El juez Márquez ha reconocido la aparición de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero a raíz de la investigación iniciada por las querellas presentadas contra Juan Guerra por Izquierda Unida (IU) y el Partido Andalucista (PA).

HRT, SA es una de las empresas vinculadas al hermano del vicepresidente del Gobierno en la que el juez Márquez está centrando su investigación en relación con posibles delitos de blanqueo de dinero. De HRT, SA compañía en la que participan Arturo López Villasana y José Luis López Díaz, partió, según fuentes judiciales, la mayoría del dinero que utilizó Corral de la Parra, la empresa de Juan Guerra, para realizar sus operaciones inmobiliarias.

Según han indicado las citadas fuentes, HRT, SA es una "empresa fantasma carente de actividad alguna". José Luis López Díaz ha declarado ante el juez Márquez que 62 de los millones con que HRT financió a Corral de la Parra se los prestó a él su padre, José Luis López, director general de la compañía de seguros Santa Lucía. Las fuentes informantes sospechan que ese dinero puede tener una procedencia ilegal, aunque no se atreven a vincularle con el supuesto blanqueo de dinero destapado en la denominada Operación Mago, que desarticuló en Galicia una red de narcotraficantes.

[El juez Márquez, según informó ayer Radio Nacional, llamará a declarar en septiembre a los funcionarios de la Delegación del Gobierno en Andalucía que han asegurado que existen libros de registro de la Delegación entre 1983 y 1987, extremo negado por el ministro del Interior, Jose Luis Corcuera y cuya desaparición relaciona el abogado del PA, Emilio Lechuga, con la supuesta vinculación de Juan Guerra con el blanqueo de dinero].