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Tribuna:POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN

La apuesta científica española

Si los investigadores deben dedicarse únicamente a actividades desinteresadas o por el contrario intentar solucionar los problemas más inmediatos del entorno es un falso dilema para el autor de este artículo. El modelo mixto, afirma, se ha impuesto internacionalmente y es también el modelo español.

¿Debe considerarse la investigación científica como una actividad absolutamente desinteresada, sin programación o condicionamiento alguno, o debe, por el contrario, exigirse a los investigadores que dediquen su actividad a aquellos problemas de cuya solución depende el bienestar de nuestro entorno? No es infrecuente actualmente encontrar fogosos partidarios de una u otra opción del para mí falso dilema. Falso en cuanto no existe en este momento pais alguno donde la política científica no acuda a un modelo mixto en el que las dos opciones anteriores estén cuidadosamente contrapesadas. Baste recordar, como casos opuestos y paradigmáticos, el dirigismo del presupuesto de I+D de Defensa en Estados Unidos o el nuevo programa Frontera Humana de investigación básica en biología de Japón.También la política científica en España sigue el mencionado 'modelo mixto. Podríamos afirmar que se trata de un delicado balance entre los dos sumandos de la siguiente ecuación:

Política científica = calidad + oportunidad.

Aumentar la calidad de la ciencia española ha sido un objetivo fundamental de nuestra política científica a lo largo de la década de los ochenta. Calidad que debe estar contrastada a nivel internacional. Creo que es justo reconocer aquí el enorme esfuerzo realizado por los investigadores españoles en su propósito de alcanzar un lugar bajo el sol en la muy competitiva arena de la comunidad científica internacional. Junto a logros puntuales llamativos, como el hecho de que en el periodo 1987-1988 entre los 100 artículos más citados en física de altas energías cinco fuesen españoles, o que durante algún tiempo se lograse hacer crecer en laboratorios españoles un tipo de cristal que significaba el récord de temperatura en superconductividad, disponemos hoy de datos comparados de la productividad científica de nuestro país frente a los más desarrollados de su entorno (véase EL PAÍS de 23 de noviembre de 1989) que, con la eterna terquedad de las cifras, muestran inequívocamente el signo ascendente de la ciencia española. Así lo reconoce la revista Scientific Europe (abril de 1990), que ya coloca a España en el duodécimo lugar de la clasificación científica internacional. El fomento de la calidad investigadora en cualquier campo, desde las humanidades hasta los agujeros negros, es el objetivo fundamental del denominado Programa de Promoción General del Conocimiento, a su vez intrínsecamente relacionado con la formación de personal investigador y el despertar de nuevas vocaciones científicas.

Calidad y cantidad

Un reciente artículo (el PAIS de 11 de julio de 1990) planteaba una dudosa contraposición entre calidad y cantidad para la actividad científica en España. Contraposición que difícilmente aceptarían nuestros conciudadanos en otros ámbitos bien conocidos, como la música en Alemania, la cocina en Francia o el fútbol en Brasil. Las puntas de calidad, que sin duda deben reconocerse e impulsarse, difícilmente pueden florecer si no existe una masa, crítica reconocible. Por otra parte, ha habido por parte de los responsables políticos mensajes inequívocos a favor de la calidad: a título de ejemplo, se puede indicar la reciente normativa sobre retribuciones del profesorado universitario y de los investigadores del CSIC basada en una evaluación de su investigación. Para tal evaluación se requiere de los solicitantes un examen crítico de su propia producción, ya que se limita a un máximo de cinco el número de trabajos científicos que pueden presentarse en cada periodo de seis años. Énfasis, pues, en la calidad, no en la cantidad.

El segundo sumando de la ecuación del segundo párrafo es de extraordinaria importancia. La palabra oportunidad va unida a la definición de prioridades científico-técnicas y constituye el núcleo central del Plan Nacional de I+D aprobado por el Gobierno en 1987. El establecimiento de estas prioridades de actuación permite concentrar los nuevos recursos que se han generado a partir de la aparición del plan en aquellas áreas cuyo,desarrollo permita una mejora sustancial en dos grandes objetivos: aumento de la competitividad de nuestras empresas y mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Los denominados programas nacionales del plan se concentran sobre estas prioridades.

En relación con el primer objetivo, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) se ha planteado una pregunta fundamental, a saber: ¿qué pueden ofrecer las administraciones públicas a las empresas para mejorar su capacidad científica y tecnológica? La respuesta a la pregunta anterior es triple. En, primer lugar, las administraciones públicas deben proporcionar a las empresas personal bien formado en actividades de I+D. Esta res ponsabilidad atañe, por una parte, a la coordinación a través del Consejo de Universidades del contenido de las titulaciones universitarias, pero también a la formación explícita en actividades creativas de I+D. El Pro grama de Formación de Personal Investigador, prioritario entre los prioritarios del plan, tiende a formar personal cualificado que permita ir disminuyendo la distancia que nos se para de los países de nuestro entorno en número de investigadores por habitante. En segundo lugar, debe impulsarse con especial empeño en universidades y centros de investigación públicos, tales como los del CSIC y otros OPI, la investigación en aquellas áreas que pueden servir de potencial apoyo a los desarrollos tecnológicos de las empresas. La aprobación de programas nacionales de robó tica, nuevos materiales, biotecnología, tecnologías de la información y de las comunicaciones, etcétera, está permitiendo un aumento rápido de la actividad de I+D en estos campos en nuestros centros de investiga ción, con las consiguientes ven tajas para las empresas a la hora de conseguir asesorías de expertos y trabajos cooperativos. En tercer lugar, deben potenciarse acciones de tipo riesgo compartido entre la Administración y las empresas. Los proyectos concertados industrias OPI y los proyectos industriales del CDTI constituyen vías bien contrastadas para la realización de proyectos cooperativos de este tipo. Conviene subrayar que todos los programas nacionales que configuran el plan contienen los tres ingredientes anteriores bajo las figuras de becas de formación de personal, proyectos de investigación y proyectos concertados de I+D con empresas.

Quisiera terminar recordando el largo camino que nos queda todavía por recorrer en materia de I+D. Por el lado de la investigación más fundamental, impulsando y cuidando especialmente a los grupos más competitivos, facilitándoles al máximo la gestión de los recursos e incentivándolos a abandonar vías trilladas, aunque sean aún interesantes, y buscar líneas de riesgo rompedoras. En materia de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, fomentando las relaciones entre universidades y centros de investigación públicos con empresas. Este es un viejo problema cuyo ámbito desborda con mucho el de nuestras fronteras y al que se están buscando soluciones imaginativas en distintos países. La creación de la red de Organismos de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRIS) y programas tales como el PETRI, que permite transformar un descubrimiento científico en algo capaz de interesar a una industria, constituyen iniciativas propias importantes que ya han rendido frutos, pero que deberemos impulsar y desarrollar en el futuro. En resumen, cooperación y definición conjunta de objetivos entre los tres pilares básicos de nuestro sistema de I+D: las universidades, los centros públicos de investigación y las empresas.

Juan M. Rojo es secretario de Estado de Universidades le Investigación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de agosto de 1990