Retroceso histórico

LA DECISIÓN del presidente argentino, Carlos Menem, de enviar al Parlamento un proyecto de ley restableciendo la pena de muerte para delitos comunes ha causado fuertes oposiciones incluso en círculos de su propio partido. Pero, desatendiendo las razones políticas y jurídicas que le fueron expuestas para demostrarle la inconveniencia de esa medida, Menem sólo ha tenido en cuenta su convicción visceral de que la opinión pública acogerá con satisfacción esa medida, sobre todo después de la emoción causada por algunos crímenes particularmente odiosos. Ahora bien, agitar el restablecimiento de la pena de muerte para intentar recuperar cotas de popularidad que se pierden a causa de fracasos en otras esferas de la vida nacional indica una concepción muy pobre de lo que es la función de un hombre de Estado.Ante el cúmulo de protestas, incluidas las de la jerarquía eclesiástica, Menem ha alegado que la pena de muerte es hoy necesaria para "preservar a la sociedad del flagelo de crímenes aberrantes". Pero olvida que en la mayor parte de los países de Europa y de América Latina el abolicionismo ha progresado de manera notable precisamente a causa de la comprobación de que no servía para frenar la criminalidad. Hay sin duda en el abolicionismo un potente factor moral: la sociedad se rebaja a sí misma cuando recurre a la muerte para castigar un delito, por horrible que sea. Pero la otra razón para renunciar a ese castigo inhumano en los países de más alto nivel cultural ha sido su ineficacia.

Menem pretende utilizar a su favor el ejemplo de Estados Unidos, cuya Corte Suprema permitió a los Estados, en 1976, reinstaurar la pena de muerte. Pero no ha habido desde entonces descenso de la criminalidad, sino todo lo contrario. Sin duda, EE UU es la "potencia más grande", como dice Menem, pero ello no impide que, en esa cuestión de tanta trascendencia moral, haya dado un dramático paso atrás en los últimos 15 años. Y resulta revelador que, a la hora de establecer criterios internacionales, guarde un silencio total sobre la abolición de la pena de muerte en Europa, cuyas naciones tanto significan para la población argentina.

Ese país sufriría un serio descenso de su prestigio en el mundo, sobre todo en relación al respeto de los derechos humanos, si ahora restableciese la pena de muerte, después de haberla abolido en 1984. Cabe esperar que los parlamentarios, con una visión más profunda del problema, al margen de los ejercicios demagógicos de Menem, se resistan a dar ese paso.