Clausurada una fábrica de Erandio por emitir gases peligrosos

La empresa Plomos y Aleaciones, SL, establecida en la localidad vizcaína de Erandio desde hace más de 30 años, ha sido cerrada temporalmente por realizar emisiones de plomo y partículas en suspensión muy por encima de lo permitido por la legislación medioambiental. La paralización cautelar, la primera en Euskadi por razones medioambientales, ha sido ordenada por los responsables del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que anunciaron ayer la posibilidad de cerrar seis industrias más "si continúan con su política de contaminación arbitraria".La empresa afectada puede recurrir la orden ante el Departamento de Medio Ambiente y ante los tribunales. El cierre de esta empresa de seis trabajadores, dedicada a la obtención de lingotes de plomo a través de la recuperación de chatarra, se fundamenta en el "peligro inminente que comportan sus emisiones tóxicas para la salud de los trabajadores y de la población de Erandio", según se recoge en un estudio del Departamento Vasco de Salud (Osakidetza). El plomo provoca trastornos renales, y la exposición continuada a ese metal pesado produce patologías cardiovasculares. En un informe de los laboratorios Labein se señala que las emisiones de plomo de la empresa clausurada son entre 10 y 20 veces lo permitido por la legíslación, y las de partículas en suspensión, entre cinco y nueve veces.

Aunque la normativa española prohíbe vertidos de plomo por encima de los 120 milígramos por metro cúbico, Plomos y Aleaciones, SL, ha realizado emisiones de 1.480. Asimismo, los vertidos de partículas han ascendido hasta los 3.046. El índice permitido por ley está en 150 miligramos por metro cúbico. El gerente de la empresa, José María Gil Pondal, manifestó que su empresa cumple con la normativa y que el tema se ha desorbitado. Gil Pondal contactará con el Departamento de Medio Ambiente para revisar los filtros anticontaminantes de la empresa.

Este organismo ha incoado además un expediente sanciona dor contra esta empresa por no ajustarse a la normativa medioambiental vigente. La multa podría ascender a un millón de pesetas como máximo.

José Miguel Martín Herrera consejero de Urbanismo, confirmo que la empresa permanecerá cerrada "mientras no subsane sus instalaciones anticontaminantes". Martín Herrera anunció que va a impulsar una política de reconversión ambiental.