La Audiencia de Bilbao obliga a las comunidades de propietarios a costear las rampas para minusválidos

La Audiencia Provincial de Bilbao ha dictado una sentencia en virtud de la cual las comunidades de propietarios de inmuebles no pueden oponerse a las obras encaminadas a facilitar el acceso a un vecino con minusvalías, sino que por el contrario deben asumir los gastos a partes iguales, por considerarse como una mejora de utilidad general. El fallo estima que el criterio contrario vulneraría el derecho a la igualdad ante la ley y anuncia un posible recurso de inconstitucionalidad contra la reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

La Audiencia ha resuelto en apelación en contra de la comunidad de propietarios del número 11 de la calle de Manuel Allende, en Bilbao, y ha estimado el recurso de Rafael Sanz Cortabarría. La esposa de Sanz está obligada por enfermedad a depender de una silla de ruedas. Por este motivo, pidió a la comunidad de vecinos la construcción de una rampa sobre una parte lateral de los escalones del portal. En última instancia, el matrimonio aceptaba costear en solitario los gastos. La junta de la comunidad de vecinos se opuso a las obras.La sentencia, contraria a la emitida por el juez en primera instancia, considera radicalmente nulo el acuerdo de la comunidad de propietarios y establece el derecho del recurrente a la creación del servicio demandado. Según los magistrados de la sección primera, que preside Juan Alberto Belloch, el precepto constitucional que prohibe la discriminación por cualquier condición personal es directamente aplicable y debe ser respetado por particulares y comunidades de vecinos.

Recurso al Constitucional

Los jueces obligan además a la comunidad de vecinos demandada a distribuir entre todos los propietarios mediante cuotas el coste de la rampa (estimado en 765.800 pesetas). Para explicar esta decisión, el fallo subraya el hecho de que las obras crearán un servicio nuevo, de carácter común y utilizable por todos los vecinos, aunque haya nacido como respuesta a la necesidad concreta de uno solo.El acceso apropiado para minusválidos, dice el fallo, hace el inmueble "más habitable para todos", "supone un incremento en el valor del inmueble y en el de todas y cada una de las viviendas" y es potencialmente "de utilización indiscriminada por todos los copropietarios".

Los magistrados recogen en el quinto fundamento de derecho la advertencia de que el planteamiento en el futuro de una controversia análoga pudiera llevarles a plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de Propiedad Horizontal.

El nuevo texto legal, de 21 de junio de 1990, elimina de la ley de la Propiedad Horizontal la exigencia de acuerdo unánime para las obras a realizar en zonas comunes de los inmuebles y la sustituye por la mayoría de tres quintos "cuando tenga por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso y la movilidad de las personas con minusvalías". La Audiencia de Bilbao reconoce en la reforma legal "un esfuerzo de sensibilidad a favor de los minusválidos y su efectiva integración" pero considera que no cambia nada.