Un pacto cultural

EL MINISTRO Jorge Semprún y el conseller de Cultura de Cataluña, Joan Guitart, han llegado a un pacto por el que la Generalitat participará en el establecimiento de determinadas políticas culturales del ministerio que afecten a Cataluña, y la Administración central podrá patrocinar determinadas iniciativas en esta comunidad sin que ello suponga merma de la competencia exclusiva que el Gobierno autónomo tiene reconocida en materia cultural. Un acuerdo sencillo y que, sin embargo, hasta que Guitart y Semprún lo han enhebrado parecía imposible.Desde algunos sectores nacionalistas ya se ha criticado al conseller porque, dicen, ha renunciado a una supuesta "soberanía" cultural que Cataluña tiene atribuída estatutariamente. En este reproche hay una nostalgia por la pétrea autarquía de algunas políticas culturales catalanas del pasado que sólo se habrían justificado si su idea de patrimonio cultural catalán no hubiera estado repleta de conceptos excluyentes, como no considerar dentro de la cultura de Cataluña a los literatos catalanes que escriben en castellano. Por otra parte, esta ambición sólo puede mantenerse si se asume el coste de la exclusividad. No comer ni dejar comer es lo que ha hecho la Generalitat en algunos asuntos significativos como, por ejemplo, el de¡ Liceo, donde se negó a la contribución económica del Ministerio de Cultura hasta que el cierre por problemas presupuestarios estaba a la vuelta de la esquina.

La tradición de este ministerio también ha avalado en muchas ocasiones estos recelos al reducir su política de protectorado a uno solo de los componentes de la cultura compartida, el escrito en castellano. Desde este punto de vista, la revisión histórica del centralismo que está realizando Semprún, un ministro que venía empapado de la tradición jacobina francesa, resulta más meritoria.

Este acuerdo supone un paso concreto en el desarrollo del Estado autonómico. Resulta relativamente ociosa ahora la polémica sobre si los asuntos culturales deben ser llevados desde un ministerio o desde una secretaría de Estado. Lo esencial es que el espíritu de este nuevo pacto cultural se expanda. Para ello hay que desarrollar una administración cultural en las distintas autonomías que no suponga desprotección en aquellas que, por inercia o prioridades, no han renunciado al patrocinio ministerial. Para ello también hay que definir claramente los intereses culturales comunes a los que todas las autonomías deben aportar su tutela: ¿Es, por ejemplo, legítimo que la Generalitat se desentienda de la cultura producida en su territorio en castellano? ¿Acaso el Ministerio de Cultura no está avanzando, como justamente se le exigía, en la incorporación de todo lo catalán al patrimonio común?.

Este acuerdo cultural, que supone un pleno respeto de las competencias de la Generalitat, es, pues, exportable. En otros ámbitos esta colaboración no es inédita, y a un nivel más general, por ejemplo, la experiencia del Gobierno vasco en coalición no ha implicado ninguna renuncia de nadie a su proyecto político, como se está viendo estos días con motivo del asunto de la Foz de Lumbier, pese a todas las dificultades. Y es que el Estado de las autonomías supone una política constante de pactos y de colaboración.