La Asamblea reclama las transferencias de sanidad para la Comunidad de Madrid

El Pleno de la Asamblea de Madrid reclamó ayer mayoritariamente la transferencia plena a la Comunidad de las competencias sanitarias de titularidad estatal, y en especial del Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Sin embargo, el consejero de Salud, Pedro Sabando, apostó ante la Cámara por una fórmula de "administración compartida" con el Insalud para evitar un "proceso brusco de transferencia".

El traspaso de la red sanitaria del Insalud en Madrid, en la que un 12% de los pacientes proceden de otras regiones, significaría, según Sabando, un elevado déficit de financiación para la Comunidad, ya que el Estado transfiere las partidas presupuestarias correspondientes en función del número de habitantes.El pleno monográfico sobre política sanitaria en la Comunidad de Madrid se abrió en la mañana de ayer con la intervención del consejero de Salud, que durante casi tres horas pasó revista a la situación en la red sanitaria de su competencia. Sabando afirmó que se ha culminado el proceso de creación de centros de salud en las cabeceras de cada comarca y propuso la integración de las instalaciones sanitarias dependientes del Ayuntamiento de Madrid y de los municipios del área metropolitana en la red gestionada por la Comunidad.

Sabando anunció también la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Acción Sanitaria para los próximos 10 años, que será coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Faltan mejoras

Por su parte, el diputado del Partido Popular Francisco Javier Rodríguez, portavoz de su grupo parlamentario en el Área de Salud, señaló que al incremento del 63% experimentado en los últimos dos años en los presupuestos de la Consejería de Salud no se ha plasmado, a su juicio, en una mejora de la asistencia sanitaria. Francisco Javier Rodríguez, médico del hospital Gregorio Marañón y que tiene abierto un expediente sancionador por su actuación en la noche negra del pasado mes de enero, en la que se colapsaron los servicios de urgencias, destacó que entre 1987 y 1989 se ha reducido en 48.000 el número de estancias sanitarias hospitalarias en dicho centro, mientras persisten las listas de espera. Una propuesta del Grupo Popular para que se realice una auditoría económica en el Gregorio Marañón fue aprobada también por la Asamblea.La Cámara regional se pronunció a favor de que los hospitales militares radicados en Madrid (Gómez Ulla y General del Aire) se integren en la red sanitaria de asistencia pública y puedan así ser utilizados por el conjunto de los ciudadanos.

Otra de las propuestas que prosperaron en el Pleno, esta vez a iniciativa de Izquierda Unida, fijó las garantías para que las mujeres de la Comunidad de Madrid reciban el servicio médico de interrupción voluntaria del embarazo en los casos legalmente tasados en los hospitales públicos. El diputado de IU Salvador Torrecilla explicó que con esta propuesta se pretende abrir la vía para la contratación de médicos que no aleguen objeción de conciencia frente al aborto. La resolución prosperó gracias a la abstención del PP y a pesar del voto en contra del CDS.