Pérez Villar subvencionó en 1989 con 600 millones a empresas que asesora su esposa

La consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León, cuyo titular es Miguel Pérez Villar, del Partido Popular, repartió en 1989 cerca de 570 millones de pesetas a empresas vinculadas a la Asociación de Empresarios de Minas de Antracitas de León (APEMA), que asesora su esposa, Rosario Carballo. Además, al menos tres empresas no mineras que asesora su mujer recibieron 86 millones en ayudas en 1989.

La mitad de las empresas mineras subvencionadas en 1988 con 1.500 millones por el departamento de Hacienda de Castilla y León, que dirige Miguel Pérez Villar, no habían justificado en mayo pasado el uso dado al dinero recibido -el plazo concluyó en diciembre de 1989-, lo que no impidió que esa consejería les diese nuevas ayudas a fines del año pasado. En 1989, el comité de inversiones públicas de esta comunidad, presidido por Pérez Villar, aprobó una subvención de 35 millones de pesetas para la Asociación de Empresarios de Antracitas de León (APEMA), que retribuye mensualmente a su esposa por asesoramiento. Ese organismo concedió otros 540 millones en subvenciones a 30 empresas de APEMA. Además, al menos tres empresarios no mineros asesorados por la esposa del consejero recibieron en 1989 subvenciones de la Junta, por valor de 86 millones. Pérez Villar no ha precisado en qué casos se abstuvo de los 3.000 millones en ayudas a empresas mineras que concedió en 1988 y 1989.Pérez Villar, en contra de lo que sostienen fuentes de su propio partido, ha negado que a través del citado despacho haya cobrado seis millones de pesetas a los empresarios por subvención concedida y que por esta vía haya proporcionado 65 millones de pesetas para la campaña del PP de las últimas legislativas.

Subordinados de Pérez Villar, que niega estas acusaciones, reflejan en dos documentos que éste les imponía el monto de las ayudas que debían recibir determinadas empresas mineras sin atender a criterios objetivos, al tiempo que exhiben un escrito con supuestas órdenes del consejero de "dar todo" o "subir" las ayudas a firmas asesoradas por su esposa.

Funcionarios trasladados

Esta supuesta presión es reflejada por la querella contra Pérez Villar elaborada a raíz del traslado por "represalia" en mayo de 1989, de Valladolid a León, de los dos funcionarios encargados de emitir informes técnicos sobre las ayudas a la minería. Los funcionarios eran José Ramón Duque Hernández, jefe de la sección de seguridad minera y Santos Antón Alfonso, jefe del servicio de minas. La querella no se presentó al no ser trasladados."Al poco tiempo de empezar a trabajar", reza la querella, "empezaron a recibir sugerencias, más o menos encubiertas, en las que se les hacía patente que por ser Pérez Villar el que mejor conocía el sector, y por mantener contacto directo con los empresarios debía ser él mismo el que determinara las necesidades de cada solicitante que debían atenderse".

En una reunión de octubre de 1988 "el consejero impuso el reparto de cifras en favor de algunas empresas haciendo valer solamente el nombre de ellas, sin tomar en cuenta las serias objeciones del único técnico y experto en esas materias de entre los presentes". Ambos funcionarios rehusaron firmar las ayudas. Tras nuevos enfrentamientos, se ordenó su traslado.

Este consejero de Hacienda no reflejó su participación en dos empresas -Novocolchón, S A y Combustibles San Vicente-, y la propiedad de un piso en su declaración del impuesto del patrimonio -que gestiona su departamento- del ejercicio de 1987, por valor de 9.031.000 pesetas.