Los grupos parlamentarios de oposición, incluido el PP, apoyan el control sindical de la contratación

Los grupos de oposición de todo el arco parlamentario están de acuerdo con que se desarrollo el derecho de información de los representantes de los trabajadores y apoyan el proyecto de ley que reconoce el control sindical de los contratos, que se empezará a discutir en las Cortes en septiembre. Ése es también el criterio del Partido Popular, que piensa mantener en el debate parlamentario las críticas habituales en un proyecto normativo y en ningún caso una oposición frontal similar a la desarrollada por la patronal CEOE contra los pactos firmados por el Gobierno y los sindicatos UGT yCC OO.

Luis Martínez Noval compareció ayer por primera vez en el Parlamento como ministro de Trabajo y expuso ante la comisión de política social y empleo los proyectos de su departamento, la marcha de la concertación con los interlocutores sociales e, inevitablemente, el pacto firmado con los sindicato; sobre el control de los contratos. A todos los grupos parlamentarlos que intervinieron -el Partido Popular, Minoría Catalana, Izquierda Unida, Centro Democrático y Social, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Obrero Español- les parece positivo que el gobierno haya pactado el desarrollo del derecho de información a los representantes de los asalariados, recogido en el Estatuto de los Trabajadores.La diputada del Partido Popular, Celia Villalobos, también comparte ese criterio, aunque critica algunos contenidos del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Parlamento, como por ejemplo que los sindicatos controlen el fraude porque para ello está la Inspección de Trabajo. Ayer anunció al ministro que en septiembre habrá una "discusión sosegada, pero dura".

Villalobos declaró a EL PAÍS que su grupo está de acuerdo con el enunciado y el objetivo del proyecto de ley, mantendrá las críticas habituales en otros debates parlamentarios y presentará una enmienda a la totalidad, como viene haciendo en la práctica totalidad de los anteproyectos, pero no va a protagonizar una batalla frontal similar a la desarrollada por la patronal CEOE. En los estudios preparatorios de ese debate, el grupo popular no ha encontrado elementos de inconstitucionalidad.

Control del fraude

La diputada del PP aseguró ayer que con la redacción actual del proyecto de ley es imposible que los sindicatos controlen el fraude y considera inviable que las centrales puedan supervisar anualmente cinco millones de contratos. El ministro de Trabajo le respondió que no serán las centrales sindicales las únicas encargadas de hacer el seguimiento permanente de la contratación, tarea que corresponderá a las comisiones provinciales, de composición tripartita, y en las que estarán representadas también la patronal y la Administración. El grupo de Minoría Catalana discrepa con el método de negociación que se ha utilizado y criticó ante el titular de Trabajo que se pacte incluso la redacción de los textos normativos y que se impongan a las Cortes.El diputado Peralta, de Izquierda Unida, no cree, en cambio, que ello afecte a la soberanía del Parlamento y felicitó al Gobierno por la capacidad de negociación demostrada en la primera fase de la concertación, aunque le preocupa el futuro del nuevo proceso de diálogo. El representante del CDS, Carlos Revilla, también anunció ayer que su grupo está de acuerdo con que se desarrolle el derecho de Información y vigilancia de la contratación.

El ministro presentó el proyecto de ley afirmando que a nadie se le oculta que las 14 modalidades de contratación temporal creadas en plena crisis de la creación de empleo, han dado lugar a que haya segmentos en el mercado de trabajo donde se da la utilización fraudulenta de esas modalidades, con claro perjuicio para las reglas de la competencia entre las empresas y para los derechos de los trabajadores.

Martínez Noval aseguró que "la temporalización de las plantillas tiende a añadir un plus a los poderes de dirección del empresario y a quebrar la cohesión de los trabajadores en los centros de trabajo. Ambos fenómenos carecen de Justificación y devienen intolerables cuando la temporalización se hace en fraude o abuso de ley". Para el ministro los aludidos acuerdos con las centrales pretenden resolver ese problema, son innovadores y compatibles con la Constitución.

Se trata, añadió el responsable de Trabajo, de un derecho que en la mayoría de los restantes países comunitarios es superior y subrayó que la situación diferencial se agrava porque en España "se combina el uso intensivo de modalidades atípicas con una escasa implantación sindical en la empresa, lo que sin duda resiente los equilibrios que en el centro de trabajo deben preservarse en los modernos estados democráticos".