De los aparcamientos al banquillo

Una llamada anónima al grupo de estafas de la policía de Barcelona dio inicio en noviembre de 1985 a una investigación sobre la contabilidad de la empresa SAVE, concesionaria de los estacionamientos de 11 aeropuertos, que concluyó con el procesamiento de la cúpula empresarial valenciana. Cinco años más tarde el fiscal mantiene las acusaciones contra el presidente, el gerente y 22 empleados de la empresa y del organismo autónomo. Las defensas estiman que la minoración de las liquidaciones era consentida por el Estado por un pacto verbal. La vista oral concluyó el jueves en Valencia.

Una denuncia telefónica anónima a la policía barcelonesa originó la investigación. El denunciante, posiblemente un antiguo empleado de SAVE, explicó la presunta falsificación "con tanto lujo de detalles que obligó a tomarla en consideración", según el sumario. La policía descubrió una habitación oculta en la sede de la empresa en Valencia. En este recinto se encontraban las máquinas utilizadas para repicar las cintas de las cajas de aparcamiento a fin de proceder a la supuesta falsificación.Según el fiscal, el director gerente de la empresa, Francisco Casañ, de acuerdo con el presidente del consejo de administración y ex presidente de la Conferederación Empresarial Valenciana, Vicente Iborra, daba instrucciones a determinados empleados para corregir los partes de liquidaciones y las cintas de caja. Sin alterar el número de vehículos que entraban diariamente en cada uno de los aparcamientos, se reducía el tiempo de estancia que cada coche permanecía estacionado.

Con esta práctica, realizada durante años, la empresa defraudó al Estado, según el fiscal, unos 760 millones de pesetas. El ministerio público considera que Iborra y Casañ cometieron falsificación y apropiación indebida y solicita penas de nueve años de prisión para cada uno de ellos.

Por su parte, los acusados no han negado esta práctica, pero afirman que estaba consentida por el Estado a través de pactos verbales. Según han manifestado los directivos de SAVE, a lo largo del juicio, que comenzó el pasado cuatro de junio en la Audiencia de Valencia, con este mecanismo intentaban paliar los perjuicios que para la empresa suponía la existencia de muchos automóviles que aparcaban fuera del recinto de la empresa. Los responsables de SAVE no han podido demostrar este extremo, ya que el supuesto acuerdo verbal fue convenido entre Ángel Mateo, ex director de Aeropuertos Nacionales, y Ramón Rodrigo, de SAVE, ambos fallecidos.

Grados de implicación

El fiscal del denominado caso SAVE, en su informe ante el Tribunal, confirmó la acusación contra los 24 inculpados. Para el ministerio público, los dirigentes de Save actuaron como "inductores intelectuales" de la apropiación indebida, los empleados de la empresa fueron el "brazo ejecutor" de la defraudación y los trabajadores de Aeropuertos Nacionales actuaron como "cooperantes" en la falsificación. Las defensas de los procesados han negado estas acusaciones y solicitan la absolución para sus clientes por falta de pruebas.Vicente lborra fue detenido el 19 de noviembre de 1985 por orden del magistrado Juan Bautista Cremades. Esta detención y el posterior procesamiento de importantes empresarios valencianos, cuya acusación fue retirada después, significó un importante escándalo económico. Tres días antes había realizado una dura crítica a la política del Gobierno durante un acto organizado por la CEOE. El ex presidente de la patronal valenciana fue entonces cálidamente aplaudido cuando concluyó así su discurso: "Tenemos que conseguir que sea socialmente aceptable y de verdad rentable el ser un buen empresario, que es lo que os deseo a todos los que estais aquí, como dice el himno de mi tierra: Para ofrendar nuevas glorias a España".