La Administración se compromete a consultar con los consumidores las leyes que los afecten

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se otorga legitimidad a las asociaciones de consumidores para defender los intereses de éstos ante los tribunales y se crea un consejo, compuesto íntegramente por ellas, que será consultado por la Administración sobre todas las disposiciones que afecten a los ciudadanos en esta materia. El Gobierno aprobó también otro decreto que prohibe la comercialización de productos de apariencia engañosa que pongan en peligro la salud. Ambas normas han sido recibidas con satisfacción por las asociaciones de consumidores yusuarios.

Las asociaciones representadas en el futuro consejo de consumidores y usuarios, que está en sintonía con el Consejo Consultivo de los Consumidores Europeos creado por la CE el pasado mes de abril, tendrán, además del derecho a consulta previa sobre las normas legales que afecten a los consumidores, la facultad de designar un representante en los distintos órganos de la Administración.Óscar López, jefe de servicio de Ordenación del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, explica que "el consejo constará de 20 puestos para las asociaciones y federaciones de ámbito estatal y cinco para las cooperativas de consumidores". Para poder acceder a él, señala óscar López, "el decreto establece los siguientes requisitos: estar inscritas en el Instituto Nacional de Consumo y contar en el caso de la cooperativas con 30.000 socios como mínimo. En el caso de las asoclaciones de consumidores y usuarios se tendrá en cuenta, además de su número de socios, su implantación territorial". Según el decreto, estas instituciones podrán percibir ayudas y subvenciones y disfrutar el beneficio de justicia gratuita. En España existen actualmente siete asociaciones de consumidores de ámbito nacional.

Juana María González Cavada, presidenta de la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, que asegura contar con 300.000 socios y representación en 47 provincias, afirma estar satisfecha con los nuevos decretos: "Por fín se desarrolla la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que fue aprobada en 1984, y por fin vamos a participar en la política de consumo de este país". Sobre la prohibición de los productos de apariencia engañosa, señala que "hasta ahora no existía una base legal para tratar de modificar un producto por esta causa y sólo se podía recurrir apelando al derecho primario del consumidor, que es la salud".

José Domingo Gómez, secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE), que afirma que su organización está integrada por 80 asociaciones y cuenta con 170.000 socios, también valora positivamente ambos decretos y destaca que se conceda legitimidad a las asociaciones para defender los intereses de los consumidores. "Es un importante espaldarazo para nosotros ya que antes algunos juzgados nos negaban la legitimidad para actuar", afirma.

El Gobierno aprobó también otros dos decretos sobre la elaboración y comercio de productos derivados del cacao, del chocolate y sucedáneos del chocolate. Ambos decretos regulan el envasado, circulación y etiquetado de estos productos a fin de mejorar la información de los consumidores.