Hacer la vista gorda

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras nunca han negado que la información sobre los contratos les va a facilitar mayor poder y control en las empresas, pero siempre afirmaron que su objetivo era poner freno al fraude que existe en la contratación temporal. Así lo hicieron constar en las últimas y difíciles negociaciones, celebradas a mediados de mayo, con el Gobierno para plasmar en un texto legal el preacuerdo alcanzado el pasado 31 de enero. Para ello entregaron a los ministros de Economía y Trabajo una circular enviada por el Instituto Nacional de Empleo (Inem) a sus oficinas con la que demostraron que existía vista gorda oficial con el fraude. El titular de Economía, Carlos Solchaga, se quedó literalmente pálido, según cuentan los sindicalistas, cuando leyó las normas dadas para el registro y visado de contratos.Esa circular, enviada en noviembre de 1981, renovada en marzo de 1986 y que en mayo pasado no había sido anulada, dice que "la oficina de empleo registra TODOS (sic) los contratos que se le presenten sin entrar en el contenido del documento y aunque, a juicio del funcionario, éste sea manifiestamente contrario a las normas legales vigentes".

En el escrito se añade que la diligencia del registro no supone ningún tipo de pronunciamiento sobre el contenido del contrato, toda vez que no es competencia del Instituto Nacional de Empleo determinar la posible legalidad o ilegalidad de los contratos que se presenten para su registro.

Las instrucciones indican que "en los casos en que las anomalías del contrato sean manifiestas, y con objeto de prestar la máxima colaboración a trabajadores y empresarios, puede indicarse de forma verbal al empresario la existencia, ajuicio del funcionario, de estas anomalías por si quisiera subsanarlas, pero registrando el contrato según se ha presentado, si los interesados manifiestan su deseo de que se registre sin realizar ninguna modificación en el mismo". En la circular de 1986, además de ratificar "en su totalidad" las directrices anteriores se añade que "con respecto a las prórrogas de los contratos que se presenten para su registro, se registrarán igualmente, sin entrar en la posible validez y legalidad de la misma, y siempre que el registro sea solicitado antes de su comienzo o durante la vigencia de la prórroga.

El Gobierno reconoce ahora que el fraude, aunque minoritario, existe y es real y de esa manera lo ha manifestado el ministro de Trabajo en Ginebra, ante la OIT donde ha afirmado que el pacto firmado por el Ejecutivo español con los sindicatos sobre el control de los contratos contribuye a "corregir los abusos en la contratación laboral atípica".