11 países de la Comunidad Europea suscriben una convención sobre el asilo

Los 12 países de la Comunidad Europea (CE), con la excepción de Dinamarca, firmaron ayer en Dublín, en el curso de una reunión de ministros de Interior y de Justicia, una convención sobre el derecho de asilo. El objetivo de la misma es garantizar los derechos de los solicitantes y, al mismo tiempo, poner fin a las prácticas que favorecen la inmigración clandestina.

Los firmantes se comprometen a que toda petición de asilo presentada por un extranjero sea examinada solamente por el Estado al que se dirige. Ese Estado tendrá la responsabilidad de decidir sobre la concesión o no del asilo del solicitante y de los familiares que lo pidan.El objetivo principal del acuerdo adoptado es poner fin a la práctica actual de que una persona que solicita asilo presente su solicitud en diferentes Estados de la Comunidad.

Este acuerdo del llamado Grupo de Trevi reafirma las obligaciones de la CE de acuerdo con la Convención de Ginebra sobre los refugiados, y reitera el compromiso de los Estados miembros de cooperar con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, que fue consultado durante la elaboración del texto.

El ministro de Justicia irlandés, Ray Burke, titular de la presidencia irlandesa de la CE, dijo que la reunión, en que se analizó asimismo la cuestión de visados y de inmigración, constituía "el primer acto legislativo" para facilitar el objetivo del Tratado de Roma sobre la libre circulación de personas.

Burke afirmó que cuatro países -Austria, Noruega, Suecia y Suiza-, que se encontraban presentes como observadores en el grupo sobre inmigración de la CE, manifestaron su intención de incorporarse a la convención sobre el asilo.

El ministro del Interior español, José Luis Corcuera, manifestó por su parte que España había defendido en la reunión la compatibilidad de la política de visados comunitaria con "la política de lazos que mantiene con Iberoamérica" y que había tratado con su colega británico, David Weddington, el problema del paso de la droga a la península ibérica desde Gibraltar y el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en esa colonia británica.

Los ministros de Justicia decidieron asimismo lanzar una campaña intensiva de cooperación política para combatir el terrorismo y el crimen organizado, incluido el tráfico de drogas, ante la perspectiva de la supresión de fronteras en la Comunidad en 1992, informa David Usborne. Las medidas propuestas van desde la colocación en los pasos fronterizos de carteles con la imagen de los criminales buscados hasta la creación una unidad europea de información sobre narcotráfico. Durante dos días de negociaciones en Dublín, los ministros adoptaron asimismo un programa de posibles pasos para reforzar la cooperación entre las fuerzas policiales.

Estados Unidos ha ejercido presiones para que la CE adoptara una acción más firme contra el tráfico internacional de drogas. Antes de la reunión de Dublin se celebraron conversaciones sobre el problema entre Burke y el fiscal del Estado norteamericano, Dick Thornburgh.

Los ministros del Grupo de Trevi decidieron la creación de un plan de cooperación con los países productores de droga, para el cual se reunieron representantes de EE UU, Italia y España, que integran la llamada trilateral contra la droga. Corcuera defendió la necesidad de coordinar la ayuda de la CE a los países productores.