Garzón prohibió que el Colegio de Abogados impusiera letrados de oficio para los presuntos narcotraficantes

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que desde el miércoles ha interrogado a ocho de las 18 personas detenidas en Galicia y Madrid en relación con delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero, no permitió al abogado Gonzalo Del Toro, becario del Colegio de Abogados de Madrid y designado entre un grupo especial del turno de oficio, participar en la asistencia letrada de todos los detenidos, como la corporación pretendía.

El Colegio de Abogados de Madrid al conocer que Garzón exigía letrados de oficio para asistir a los implicados en el narcotráfico de Galicia, alteró el turno de oficio y designó a Del Toro para que asumiera la asistencia, en sus primeras declaraciones ante el juez, de los 18 detenidos. El magistrado había acordado la incomunicación de los encartados y no había permitido que sus abogados de confianza asistieran a las declaraciones para evitar que pudieran confabularse.La comisión del turno de oficio del Colegio de Abogados designó a Gonzalo del Toro. Pero este abogado no figuraba en ninguno de los tres turnos de ocho horas de asistencia letrada al detenido fijados para el día 13 en las dependencias de los juzgados de Plaza de Castilla. Del Toro pertenece a un reducido turno especial, cuyos integrantes sólo pueden ser becarios del Colegio de Abogados.

El magistrado accedió a la presencia de Del Toro el primer día, desconociendo que pertenecía al turno especial, y cuando el abogado compareció al día siguiente para asistir a otros de los implicados, fue rechazado por el juez para que no tuviera una visión global de las declaraciones que posteriormente pudiera transmitir a los abogados de confianza. Garzón exigió, tras rechazar a Del Toro, que fuera llamado un letrado que perteneciese al turno normal.

Pedrol no le conocía

Según Antonio Pedrol, decano del Colegio de Abogados de Madrid y Presidente del Consejo General de la Abogacía, no conocía a Del Toro hasta el día 13, fecha en que se iniciaron los interrogatorios. El decano insistió ayer en que fue la comisión del turno de oficio la que decidió designar a Del Toro, por ser uno de los letrados que tienen más práctica en el ejercicio de la abogacía.

Pedrol expresó su conformidad con la medida de incomunicación decretada por el juez y esta medida, dijo, debe ser limitada a supuestos excepcionales, informa Efe.

Pedrol destacó que lleva años atacando a los narcotraficantes. El decano recordó que él fue el primero que propuso la legalización de la droga para ver si así se les podía arruinar y acabar con el problema. Pedrol añadió: "Si hubiera habido algo que disimular, Del Toro no hubiera salido del juzgado conmigo".

Pedrol Ríus explicó que la comisión del turno de oficio está encomendada al catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos. Este abogado puntualizo ayer a EL PAÍS que él nunca ha defendido ni defiende a ninguna persona vinculada al narcotráfico. No obstante, Rodríguez Ramos acudió el pasado miércoles al juzgado de Garzón, en calidad de presidente de la comisión que nombró a Del Toro.

Por otro lado, ayer quedó en libertad provisional el abogado gibraltareño John lan Azopardi, detenido el martes en Galicia cuando se encontraba en el domicilio de Daniel Carvallo. Azopardi, relacionado con el capo Sito Miñanco y sus socios, así como Marcial Dorado, aparece en las actuaciones como uno de los encargados de blanquear el dinero procedente de la droga Azopardi tendrá que comparecer en el juzgado dos días por semana.

Subordinados

El magistrado levantó también la incomunicación para los dos detenidos que declararon el jueves, Alvaro Rodríguez Franco y Ramón Javier Lorenzo Viñas, considerados elementos de importancia relativa, pues son simples subordinados de los capos gallegos.

Ayer prestaron declaración Ramiro Sánchez Casas, Delmiro Paz Castro y Narciso Fernández Hermida. Fuentes próximas a la investigación señalaron que los detenidos, en líneas generales, han negado su participación en hechos delictivos.

La Fiscalía Antidroga y el juez Baltasar Garzón están investigando alrededor de 90 sociedades relacionadas con los detenidos. También investigan al menos tres famosos despachos de abogados con sede en Gibraltar entre los que se encuentran la firma Triay-Triay y el de Azopardi, para lo que se ha solicitado una comisión rogatoria a las autoridades británicas.

José Manuel Triay, máximo responsable del despacho Triay-Triay calificó ayer de un grave error irresponsable e inmoral la publicación por este periódico de que su despacho figuraba en el sumario como una de las más importantes vías utilizadas por los narcotraficantes gallegos para lavar el dinero de la droga y que estaba siendo investigado.

Por otra parte, el magistrado Carlos Bueren se personó el martes en el domicilio de Carlos Goyanes, con una orden de registro facilitada como consecuencia de las acusaciones vertidas contra el marido de Carl Lapique por el narcotraficante arrepentido Ricardo Portabales Rodríguez. Tras este registro domiciliario, según la revista Tribuna, el juez y los agentes se dirigieron a la calle Zurbarán, número 28, donde se encuentra la inmobiliaria, propiedad de Goyanes, su mujer y el relaciones públicas Alfredo Fraile. En esta inmobiliaria, según Fraile, los agentes encontraron "muchísimos papeles de las compras y las ventas que se han hecho, en las cuales la agencia es intermediaria".