La policía interviene documentos de bancos establecidos en Vilagarcía de Arousa

Policías que participan en la operación antidroga iniciada el pasado martes intervinieron ayer abundante documentación bancaria de sucursales establecidas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), donde fueron detenidos varios presuntos narcotraficantes el pasado martes. El despacho de abogados Triay-Triay, con sede en Gibraltar, figura en el sumario 13190 como la vía más importante de blanqueo de dinero del narcotráfico y, en concreto, de los clanes gallegos desarticulados tras las detenciones en Galicia y Madrid.

Las cuentas bancarias de 42 personas entre detenidos y personas relacionadas con ellas han sido intervenidas por orden judicial. Con respecto a estas intervenciones, el fiscal antidroga ya ordenó también hace meses que el servicio fiscal de la Guardia Civil analizase datos bancarios relativos a las cuentas personales y de diversas sociedades del Laureano Oubiña. De acuerdo con las primeras investigaciones de dicho servicio, no constaba consignada la persona que entre 1987 y 1988 introdujo en una sucursal de Vilagarcía divisas por valor de unos mil millones de pesetas, cantidad que figuraba reflejada en documentos que poseía Esther Lago, compañera de Oubiña, informa Marifé Moreno.

A través de esas mismas investigaciones, se comprobó que de una sucursal bancaria de la misma localidad partieron numerosos talones de varias millones de pesetas cada uno que finalmente eran pagados, en muchos de los casos, a Esther Lago. A raíz de la detención de Oubiña registrada el año pasado, la Guardia Civil también le intervino la llave de una caja fuerte depositada en un banco y unos 20 millones de pesetas de una cuenta abierta en otra entidad de crédito.

Representantes de Gran Bretaña han ofrecido su colaboración a la Fiscalía Antidroga y al juez Baltasar Garzón para perseguir los delitos relativos al blanqueo de dinero en Gibraltar. El abogado gibraltareño John lan Azopardi, detenido en la operación del martes cuando se encontraba en el domicilio de Daniel Carvallo, no pertenece al bufete Triay-Triay. Fuentes próximas a la investigación consideran que Azopardi es asesor de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de su socio, Daniel Carvallo y López Bugallo, uno de los que no pudo ser detenido por encontrarse fuera de su domicilio habitual. Azopardi mantenía también relaciones profesional con Marcial Dorado, capo de otro de los grupos de narcotrafico antes, informa José Yoldi.

El industrial Celso Barreiros, detenido el pasado martes en Madrid, en el curso de la operación, declaró ayer ante el juez Baltasar Garzón durante más de cinco horas. Barreiros negó ante el juez todas las acusaciones que se formularon contra él. El catedrático Manuel Cobo del Rosal se ha personado como abogado defensor de Barreiros en el juzgado y así se le ha comunicado al industrial, aunque éste, en la declaración de ayer, fue asistido por un abogado de oficio.

Tras la declaración de Barreiros, fueron interrogados Álvaro Rodríguez Franco, el último detenido en la operación, y Ramón Javier Lorenzo Viñas , que están considerados como de importancia relativa.

La defensa de Goyanes

Por otro lado, el abogado José María Stampa no se ha llegado a hacer cargo de la defensa de Carlos Goyanes, al contrario de lo anunciado.El director de la Policía, José María Rodríguez Colorado, habló ayer con Garzón por espacio de media hora, al parecer sobre aspectos relativos a la investigación.

Mientras tanto, el letrado Marcos García Montes se ha hecho cargo de la defensa de Manuel Padín Gestoso, y Eleuterio Cudeiro se ha personado en representación de Delmiro Rey Castro.

Por otra parte, Ricardo Portabales Rodríguez, cuyas manifestaciones facilitaron buena parte de las actuaciones contra la red del narcotráfico, realizó su primera declaración voluntaria como arrepentido ante el juez de instrucción número 3 de Pontevedra, Luciano Varela, el 22 de agosto de 1989. En aquel momento Portabales estaba condenado a las penas de cinco años de prisión menor y multa de dos millones de pesetas por un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas. Tres meses después de su primer testimonio, fue trasladado prisión.

Portabales, según datos difundidos por diversos medios de comunicación, relacionó ante el juez a Barreiros con operaciones de distribución de droga. Portabales fue indultado en el Consejo de Ministros del 20 de abril del delito por el que estaba condenado, pero permanece en la cárcel al encontrarse procesado por otros hechos.